
Choque político en Veracruz: Nahle y Yunes confrontan posturas por control del transporte
Por Rebeca Solano
La discusión sobre el papel del Estado en la prestación de servicios públicos encendió el debate en Veracruz luego de que la gobernadora Rocío Nahle respondiera con firmeza al diputado panista Fernando Yunes Márquez, quien cuestionó la creación de organismos estatales como los camiones Ulúa y la empresa de limpieza hospitalaria LimpiaVer.
PAN acusa competencia desleal
El legislador advirtió que el Estado no debe operar transporte público en la zona Veracruz–Boca del Río, ya que —según sostuvo— esta medida afecta a concesionarios privados y representa competencia desleal.
Desde la óptica panista, la expansión de organismos estatales implica una invasión de funciones que corresponden a la iniciativa privada, además de generar incertidumbre en el sector empresarial.
“Visión capitalista”, revira Nahle
La gobernadora no tardó en responder y calificó la postura del PAN como una “visión meramente empresarial”, asegurando que su administración actúa bajo un enfoque social.
Como argumento, puso como ejemplo a la Ciudad de México, donde el gobierno opera servicios como el Metro y el Metrobús. Además, recordó que durante el Carnaval de Veracruz, el servicio de Ulúa fue gratuito, lo que —dijo— demuestra el sentido social del proyecto.
LimpiaVer y las protestas en hospitales
Nahle también defendió la creación de LimpiaVer, señalando que empresas privadas encargadas de la limpieza hospitalaria incumplían pagos a trabajadores, lo que generaba protestas constantes en clínicas y hospitales.
Según la mandataria, el nuevo organismo estatal garantiza salarios, condiciones laborales dignas y continuidad en los servicios de limpieza, asegurando el funcionamiento adecuado del sector salud.
El fondo del debate
Mientras el PAN advierte sobre un Estado que invade espacios privados y concentra poder, el gobierno estatal sostiene que los impuestos deben traducirse en servicios públicos directos y eficientes, y que los concesionarios seguirán operando bajo regulación.
La confrontación deja abierta una interrogante central en la agenda pública veracruzana:
¿Defensa del interés social o expansión del poder estatal?
El debate apenas comienza.
