Presidente Claudia Sheinbaum
Por Rebeca Solano
La presidente Claudia Sheinbaum enfrenta no sólo el desafío de combatir a los cárteles del narcotráfico, sino también una presunta red de colusión política que podría impactar la estabilidad de su propia coalición de gobierno, señala la periodista Mary Beth Sheridan en un artículo de opinión publicado en The New York Times.
En el texto titulado “No son los cárteles los que preocupan a Sheinbaum”, la autora sostiene que las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump para impulsar acciones militares contra el narco dentro de México ignoran el componente político del problema, al considerar que las organizaciones criminales mantienen vínculos con estructuras de poder local.
“El problema no es simplemente que los grupos del narcotráfico ataquen al Estado. Es que con frecuencia forman parte de él”, expone Sheridan en su análisis, donde afirma que enfrentar a fondo al crimen implicaría desmantelar redes políticas y confrontar a funcionarios señalados por presuntos nexos, incluidos integrantes del partido gobernante, Morena.
El artículo también plantea que la aparente cautela de la mandataria ante una “guerra total” contra el narcotráfico respondería más a cálculos políticos que a razones personales, ya que —según la autora— Sheinbaum no tendría control absoluto sobre Morena, un partido que describe como dividido entre corrientes leales a ella y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la columna, avanzar contra políticos presuntamente vinculados con el crimen podría debilitar al partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027, lo que añadiría presión a las decisiones de seguridad del actual gobierno.
Sheridan contextualiza el fenómeno al citar al historiador Benjamin T. Smith, quien documenta que la colusión entre autoridades y narcotráfico tiene raíces históricas en México, donde durante décadas gobiernos locales habrían protegido a traficantes a cambio de sobornos, una práctica que —según el análisis— no desapareció tras la transición democrática ni con la estrategia militar iniciada en 2006.
Finalmente, el texto sostiene que los cárteles actuales funcionan como poderes territoriales con vínculos estrechos con alcaldes y gobernadores, lo que convierte la lucha contra el crimen organizado en un desafío tanto de seguridad como político.
