Desapariciones
Por Rebeca Solano
Por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó su máxima alarma internacional por desapariciones forzadas y lo hizo en referencia a la situación que enfrenta México.
De acuerdo con el señalamiento, el país acumula 132 mil personas desaparecidas, alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues, más de 5 mil fosas clandestinas y una tasa de apenas 0.56% de condenas en estos casos.
El mecanismo activado —que existe desde hace 16 años y nunca se había utilizado— requiere la identificación de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil con posible aquiescencia del Estado, lo que en el derecho internacional puede configurar un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Según el posicionamiento referido, no se trata de hechos aislados, sino de una situación estructural. Ante la respuesta del Gobierno mexicano —que atribuyó la responsabilidad exclusivamente a grupos criminales—, expertos recordaron que en derecho internacional la responsabilidad también alcanza a quienes toleran o no actúan ante violaciones sistemáticas.
La reacción oficial calificó el informe como “tendencioso” y señaló administraciones anteriores como origen del problema. Sin embargo, críticos sostienen que durante el actual sexenio fueron desmantelados mecanismos clave para la identificación forense, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Banco Nacional de Datos y el Centro Nacional de Identificación Humana, antes de consolidarse plenamente.
En medio del debate político, más de 132 mil familias continúan la búsqueda de sus desaparecidos, muchas de ellas organizadas en colectivos que realizan labores en campo ante la falta de resultados oficiales.
El pronunciamiento ha reavivado la discusión nacional e internacional sobre la dimensión de la crisis y la obligación del Estado mexicano de garantizar verdad, justicia y reparación.
