17 de noviembre de 2025

Parlamento Europeo  / Internet

Por Rebeca Solano

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, propuesta por la Comisión Europea el pasado 10 de junio.

Con esta actualización, la Unión Europea (UE) reconoce que el régimen de Nicolás Maduro presenta deficiencias significativas en sus marcos regulatorios, lo que impide una lucha efectiva contra los delitos financieros. Aunque la medida no implica sanciones automáticas, sí obliga a bancos y entidades europeas a aplicar mayores controles sobre cualquier operación vinculada con Venezuela.

Junto con Venezuela, fueron agregados Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. En contraste, se eliminó de la lista a Gibraltar, Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, lo que generó una fuerte controversia política, particularmente entre eurodiputados españoles.

La parlamentaria del Partido Popular, Isabel Benjumea, criticó la salida de Gibraltar, calificándola como una decisión «precipitada y perjudicial», al considerar que su régimen tributario diferenciado genera competencia desleal y fuga de recursos fiscales, con una pérdida estimada de 7 mil millones de dólares para la UE.

La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la decisión, argumentando que el acuerdo entre Bruselas, Madrid y Londres garantiza condiciones equitativas y que Gibraltar cumple plenamente con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por su parte, la inclusión de Venezuela refleja el creciente aislamiento financiero internacional del país sudamericano, que recientemente profundizó su alianza tecnológica con Irán, y cuyas autoridades son señaladas por facilitar flujos ilícitos de capitales vinculados al narcotráfico y grupos armados.

El nuevo listado entrará en vigor en las próximas semanas, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo se opongan por mayoría calificada.