Rehabilitación del “Pirata” Fuente acumula sobrecosto y observaciones millonarias
Por Anais Zavala
La rehabilitación del Estadio Luis «Pirata» Fuente se ha convertido en un caso emblemático de presuntas irregularidades financieras y errores de diseño, con observaciones que superan los 160 millones de pesos, mientras el sobrecosto total rebasa los mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), existe un presunto daño patrimonial superior a 2 mil millones de pesos en la cuenta pública estatal, de los cuales 160 millones corresponden directamente a fallas en la remodelación del estadio.
A más de cuatro meses de que se hicieran públicas estas observaciones, el gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle no ha fincado responsabilidades legales contra funcionarios o contratistas involucrados.
Autoridades piden tiempo
La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, señaló que debe darse oportunidad al ente fiscalizable para presentar aclaraciones, al subrayar que el Congreso determinó un “presunto” daño patrimonial, lo que —dijo— no implica necesariamente una responsabilidad definitiva.
Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) confirmó que la obra registra un sobrecosto superior a mil 600 millones de pesos, consolidando al inmueble como un posible “elefante blanco” para las finanzas públicas.
Comodato y fútbol profesional en incertidumbre
A la controversia financiera se suma la situación administrativa. Durante la gestión del exgobernador Cuitláhuac García, el estadio fue entregado en comodato a la empresa C.F. Veracruzano S.A. de C.V.
El contrato establece que la empresa debe estar afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para operar; de lo contrario, el inmueble debe revertirse al Estado.
Hasta ahora, no existe postura oficial del comodatario sobre el regreso del fútbol profesional al puerto, y el estadio permanece sin actividad deportiva, luego de haber sido utilizado por última vez para un concierto en septiembre de 2025.
Vecinos de Boca del Río mantienen la exigencia de transparencia en el uso de recursos públicos y la aplicación estricta de la ley ante las millonarias observaciones detectadas.
