Alcaldesa Maryjose Gamboa /AGN Veracruz
Por Mura Donaji
El Ayuntamiento de Boca del Río anunció la posible construcción de un denominado “puente peatonal subterráneo” como parte de acciones orientadas a mejorar la movilidad y seguridad vial en zonas de alta afluencia. De acuerdo con lo expuesto por la alcaldesa Maryjose Gamboa, el proyecto se ubicaría en el área del Pollo Feliz hacia la unidad habitacional Hugo Sánchez y podría ejecutarse en el corto o mediano plazo, sujeto a disponibilidad presupuestal.
La presidenta municipal señaló que se trata de una obra independiente al proyecto del nuevo puente vehicular de carácter metropolitano, el cual, explicó, corresponde al ámbito estatal y requiere coordinación entre los municipios de Veracruz, Medellín y Alvarado. Añadió que, aunque dicho puente forma parte de compromisos del gobierno estatal, el Ayuntamiento avanzaría en “soluciones propias” para atender necesidades inmediatas de la ciudadanía.
Sin embargo, especialistas en movilidad urbana, planeación y derechos humanos han advertido que el planteamiento presenta inconsistencias técnicas, riesgos para la seguridad peatonal y posibles implicaciones legales.
Precisión técnica: no se trata de un “puente”
De acuerdo con criterios de ingeniería y obra pública, un cruce subterráneo no constituye un puente, sino un paso a desnivel. La utilización del término ha sido señalada como imprecisa y podría generar confusión sobre el alcance real de la obra. Esta falta de claridad, advierten expertos, puede impactar procesos administrativos fundamentales como la definición del objeto del contrato, la licitación, la supervisión de obra y la fiscalización del gasto público.
Seguridad y accesibilidad: riesgos documentados
Especialistas subrayan que los pasos subterráneos no garantizan por sí mismos mayor seguridad para los peatones. En diversas ciudades, este tipo de infraestructura ha derivado en:
• Zonas con alta incidencia de asaltos, acoso y violencia.
• Deficiencias de iluminación, ventilación y visibilidad.
• Barreras para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres con carriolas y personas con movilidad reducida.
Estas condiciones podrían contravenir el principio de accesibilidad universal establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los lineamientos de movilidad segura que priorizan al peatón sobre el vehículo particular.
Modelo de movilidad: priorización del automóvil
La lógica del cruce subterráneo implica retirar al peatón de la superficie para facilitar el flujo vehicular. Especialistas señalan que este enfoque se aleja de la pirámide de movilidad y de las tendencias internacionales de “calles completas”, que privilegian soluciones como cruces a nivel seguros, semáforos inteligentes, reducción de carriles, islas de refugio y diseño urbano centrado en las personas.
En lugar de integrar al peatón en el espacio público, el proyecto lo relega al subsuelo, lo que —de acuerdo con análisis técnicos— no resuelve de fondo los problemas de seguridad vial.
Planeación y presupuesto: información incompleta
Hasta el momento, en la información difundida no se han presentado datos clave como:
• Costo estimado del proyecto.
• Estudios de impacto urbano.
• Dictámenes de protección civil.
• Análisis de seguridad pública.
• Evaluación de impacto en accesibilidad.
Aunque se ha señalado que la obra “requiere presupuesto del Estado”, no se han hecho públicos convenios, esquemas de financiamiento, ni una programación multianual. Especialistas advierten que la ausencia de estos elementos abre la puerta a improvisación, anuncios sin viabilidad técnica y uso político de proyectos de infraestructura.
Posibles implicaciones en derechos humanos
Desde una perspectiva jurídica, un diseño urbano que excluya o exponga a ciertos grupos poblacionales puede ser considerado regresivo y susceptible de cuestionamiento. El derecho a la movilidad segura, a la accesibilidad y a la igualdad y no discriminación son principios reconocidos en marcos normativos nacionales e internacionales.
Llamado a la revisión técnica
Aunque el Ayuntamiento ha reiterado que el proyecto se mantiene como prioridad dentro de su agenda de obra pública, especialistas han insistido en la necesidad de que cualquier intervención de este tipo esté respaldada por estudios técnicos, diagnósticos de seguridad, análisis de accesibilidad y transparencia presupuestal, a fin de evitar que se convierta en una solución aparente que no atienda el problema estructural de movilidad urbana.
