Advierten que reforma electoral debilitaría al INE y pondría en riesgo la imparcialidad
Por Rebeca Solano
Consejeros y exconsejeros electorales alertaron que la propuesta de reforma impulsada desde el Gobierno federal podría desmantelar la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) al convertir en temporales las 32 juntas estatales y 300 distritales, lo que —afirmaron— le quitaría “los brazos” al organismo para operar en todo el país.
De acuerdo con la propuesta base elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la reestructuración permitiría un ahorro de 5 mil 895 millones de pesos en años no electorales, de los cuales 4 mil 360 millones provendrían de hacer temporales las juntas distritales y mil 73 millones de reducir la operatividad de las oficinas estatales.
Sin embargo, el expresidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que esta medida implicaría eliminar el servicio profesional electoral, ya que cada tres años se tendría que contratar personal eventual.
“Esto es lo más riesgoso para la imparcialidad de las elecciones, porque se pierde la experiencia y se abre la puerta a infiltraciones de partidos o del gobierno”, señaló.
Los consejeros Dania Ravel y Arturo Castillo coincidieron en que debilitar la estructura permanente afectaría funciones clave como fiscalización, padrón electoral, distritación y geografía electoral.
Castillo subrayó que no se pueden desaparecer juntas “a rajatabla” solo por ahorro presupuestal, mientras que Ravel insistió en que la permanencia de estos órganos responde a un trabajo continuo, no únicamente electoral.
Impacto en el Consejo General y representación
Los consejeros también advirtieron que la propuesta de reducir de 11 a 9 integrantes del Consejo General incrementaría las cargas de trabajo en un contexto donde el INE recibe cada vez más atribuciones.
En el ámbito legislativo, Ugalde criticó la intención de eliminar los 32 senadores plurinominales y reducir de 200 a 100 diputados de representación proporcional, al considerar que ello disminuye la pluralidad y la representatividad en el Congreso.
Riesgo de mayor financiamiento ilegal
Otro punto preocupante es la propuesta de reducir el financiamiento privado a partidos de 3.3 millones de pesos a 99 mil 713 pesos, además de disminuir en 25% las prerrogativas públicas.
Según Ugalde, esto podría afectar más a la oposición que a Morena, generando desequilibrios y abriendo la puerta a mayor financiamiento ilegal en campañas.
Finalmente, calificó como una “gran omisión” que la propuesta no contemple medidas para frenar la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, uno de los principales riesgos actuales para la democracia mexicana.
