Arleth Barradas Padilla / Internet
Por: Cuarto Piso de Palacio
Arleth Barradas Padilla fue expulsada del sistema. Y no por inepta, desleal o negligente, sino por ser mujer, periodista crítica y servidora pública con ética profesional. Su delito fue documentar la verdad: que el Tren Maya, ese emblema sexenal de destrucción disfrazada de desarrollo, fractura el ecosistema del sureste mexicano y atropella derechos comunitarios. Su voz, como tantas otras en el periodismo honesto, fue acallada por órdenes de un sistema que hoy opera bajo un velo aún más cínico: el de la falsa promesa de equidad de género.
Porque el silencio que cayó sobre Arleth, como la censura institucional que la devoró, tiene nombre y rostro político.
¿Dónde está Rocío Nahle García, la supuesta abanderada de las mujeres veracruzanas? ¿Dónde quedó su perorata mediática de “primero las mujeres”? Porque cuando se trata de defender a una mujer que denuncia, que incomoda, que alza la voz desde el periodismo crítico, la solidaridad de Nahle desaparece como la selva que arrasa el Tren Maya.
El documental de Arleth Barradas no era panfleto, ni agenda personal: era una producción periodística con base en testimonios de científicas, conservacionistas, guías, ejidatarios y niñas. Mostraba, con rigor y sensibilidad, cómo la infraestructura federal y el turismo depredador fragmentan la biodiversidad. No era un ataque al gobierno: era un llamado de alerta. Pero en RTV, donde la dirección general está entregada a intereses políticos, se decidió reducir el contenido a una visión simplista, descontextualizada, y luego sepultarlo bajo la censura.
Lo siguiente fue el patrón clásico del autoritarismo silencioso: aislamiento laboral, retiro de proyectos, bloqueo institucional… y despido fulminante. Una acción que no sólo quiebra la ética profesional de una institución pública: es violencia de Estado con perspectiva de género.
RTV no actuó como medio de servicio público. Actuó como brazo ejecutor de violencia institucional y patriarcal. Porque cuando una mujer es castigada por pensar, por investigar, por documentar, se activa el mecanismo sistémico del castigo disciplinario hacia la disidencia femenina. Esta es violencia de género, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que identifica claramente el hostigamiento, la exclusión laboral y el desprestigio profesional como agresiones contra la mujer en el entorno laboral.
Es también violencia simbólica, porque RTV envió un mensaje contundente a otras mujeres en medios públicos: “no te metas con lo que incomoda al poder, si quieres conservar tu trabajo”. Y es violencia política, porque se usa el aparato del Estado para disciplinar y anular a las mujeres que se atreven a cuestionar los proyectos del régimen.
El caso de Arleth Barradas debe ser leído con enfoque interseccional, porque aquí no hay una sola línea de violación. Hay una confluencia de derechos pisoteados:
* Libertad de expresión (Art. 6º y 7º Constitucional; Pacto de San José): su voz fue silenciada por razones ideológicas.
* Derechos laborales: fue despedida sin justificación válida, luego de represalias estructuradas desde la dirección de RTV.
* Derechos de las mujeres: víctima de violencia laboral con componente de género.
* Derechos ambientales: se impidió el ejercicio del derecho colectivo a ser informados sobre los daños ecológicos.
* Derechos de las audiencias: RTV violó su obligación como medio público de ofrecer contenidos con valor social y científico.
* Derechos a la participación: se anuló la posibilidad de una periodista de incidir en la conciencia ambiental desde lo público.
Este caso podría activarse judicialmente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la CEDH, y eventualmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como con instancias internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Frente a este escándalo, la supuesta gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, ha guardado un silencio cómplice y funcional.
¿Dónde está ese “primero las mujeres” que repite cada campaña? ¿Por qué no defendió a una veracruzana despedida por decir la verdad? ¿Por qué no exigió justicia en un despido que claramente es una forma de persecución institucional?
Porque en el fondo, ese discurso feminista impostado es sólo retórica electoral. Para Rocío Nahle, las mujeres importan si son obedientes, si aplauden, si callan. Cuando una mujer como Arleth incomoda, entonces se activa la maquinaria para callarla y, peor aún, para abandonarla.
Y no es un caso aislado. RTV arrastra acusaciones de inequidad salarial, nepotismo, represión y corrupción interna, como se ha denunciado en múltiples espacios informativos. La censura del documental ambiental sólo confirma lo que ya se sabía: que RTV no informa, RTV silencia.
Arleth Barradas no debe quedarse sola. Su caso exige litigio estratégico con acompañamiento de defensores de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones de periodistas y juristas comprometidos. Es momento de romper el círculo de impunidad que se normaliza bajo gobiernos que se autodenominan “progresistas” mientras operan con lógicas patriarcales, represoras y censuradoras.
El silencio de Rocío Nahle es tan violento como la orden de censura. Porque no basta con no pegarle a una mujer: también es violencia tolerar, encubrir o normalizar la agresión estructural que una mujer vive desde el aparato estatal.
RTV ha dejado de ser un medio público. Se ha convertido en un espacio de represión funcional al poder. Y Rocío Nahle ha dejado de representar a las mujeres de Veracruz. Representa al sistema que las calla.
