Pablo Gómez / Internet
Por Rebeca Solano
- Entra perfil cercano a Harfuch
En un movimiento sorpresivo pero cargado de implicaciones políticas, Pablo Gómez fue removido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su salida, según fuentes cercanas a Palacio Nacional, responde a presiones del gobierno de Estados Unidos, preocupado por la falta de resultados contundentes en materia de combate al lavado de dinero y vínculos financieros del crimen organizado.
En su lugar fue designado Omar Reyes Colmenares, un perfil identificado con el círculo cercano de Omar García Harfuch, exjefe de la policía capitalina y una figura en ascenso dentro de Morena. Su llegada a la UIF reconfigura el mapa interno de poder en la llamada Cuarta Transformación, en particular al fortalecer al bloque político que respalda a Harfuch frente a otros grupos, como el de Adán Augusto López Hernández.
¿Relevo técnico o maniobra política?
Si bien en el discurso oficial se habla de una transición institucional, la salida de Gómez —académico e histórico dirigente de izquierda— es leída en varios círculos como una decisión estratégica para consolidar control sobre las estructuras clave del Estado, en el marco del nuevo sexenio que encabezará Claudia Sheinbaum.
La UIF no es cualquier oficina: es el centro neurálgico de los flujos financieros, investigaciones sensibles y expedientes políticos. En ese sentido, colocar a un leal a Harfuch en ese puesto podría ser parte de una ruta anticipada hacia las elecciones de 2030, donde el exsecretario de Seguridad se perfila como potencial presidenciable.
Preocupación por reforma electoral
Simultáneamente, ha generado alarma que Pablo Gómez ahora sea propuesto para encargarse de la reforma electoral, en el contexto del llamado “Plan A” que revive la intención de modificar al Instituto Nacional Electoral (INE) y transformar el sistema de representación.
Críticos del oficialismo han calificado la maniobra como una amenaza directa a la democracia electoral del país. “Es como si hubieran puesto a Manuel Bartlett a hacer la reforma electoral de los noventa”, advirtió un analista político. La analogía refleja el temor de que las reformas planteadas no busquen fortalecer al árbitro electoral, sino someterlo.
La antesala del 2027 y 2030
La reconfiguración en la UIF, y los movimientos paralelos en el Congreso y órganos autónomos, apuntan a una estrategia de control territorial, financiero e institucional de cara no solo a las elecciones intermedias de 2027, sino al proceso presidencial de 2030. La consolidación de perfiles afines a Harfuch en puestos clave sugiere que su proyecto político ya está en marcha.
Mientras tanto, persisten las preguntas: ¿cedió México ante las presiones de Washington? ¿Se trata de un ajuste técnico o una purga política? ¿Y qué implicaciones tendrá todo esto para la ya frágil democracia electoral?
Lo único claro es que las casualidades, en política, no existen.
