Empresas ligadas al bienestar
Por Rebeca Solano
El nombre de Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntas redes empresariales construidas durante el sexenio pasado.
De acuerdo con lo documentado por El Universal, en 2021 habría fundado al menos dos empresas: Pagos del Bienestar S.A.S. y Envíos del Bienestar S.A.S., ambas enfocadas en el envío de dinero y remesas.
Según la información publicada, en dichas sociedades aparecen como socios Carlos Alberto Rijalva y Brian Ronald, quienes enfrentarían procesos judiciales en Estados Unidos por un presunto esquema de lavado de dinero cercano a 50 millones de dólares. Además, se menciona que Pagos del Bienestar incluiría accionistas bajo investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las conexiones empresariales también incluirían a funcionarios y exfuncionarios especializados en combate al lavado de dinero, entre ellos un exencargado estatal de la UIF en Tabasco y un exfuncionario de la desaparecida PGR vinculado a delitos financieros.
Asimismo, se le relaciona como socio en una empresa de comercialización de cuarzo junto a Antonio Morales, alcalde morenista de Tapalpa, Jalisco, municipio que cobró notoriedad tras un operativo federal en el que fue abatido un líder del CJNG.
Otras indagatorias periodísticas lo describen como presunto gestor con capacidad para obtener recursos federales, incluyendo la asignación de 25 millones de pesos para el municipio de Tamazula, Jalisco.
Hasta el momento, Rodrigo Gutiérrez Müller no enfrenta una investigación formal, pese a los señalamientos públicos. Ante ello, legisladores de oposición analizan solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Secretaría Anticorrupción, para revisar posibles conductas como tráfico de influencias, tipificado en el artículo 221 del Código Penal Federal.
El caso ha generado cuestionamientos en el ámbito político sobre posibles conflictos de interés y uso del poder para fines privados, mientras no exista un pronunciamiento oficial o apertura de indagatorias por parte de las autoridades competentes.
