Caso Marco Angello “N” genera versiones encontradas y nuevos señalamientos
Por Alberto Mejía
El caso de Marco Angello “N”, difundido por su defensa legal y diversas organizaciones civiles como un presunto ejemplo de abuso del sistema judicial, ha comenzado a mostrar versiones encontradas, luego de que familiares y una ex pareja del joven aportaran nuevos señalamientos que, aseguran, no han sido incluidos en la narrativa pública.
De acuerdo con estos testimonios, existirían conflictos patrimoniales, familiares y procesos legales previos relacionados con la situación jurídica de Marco “N”, los cuales —afirman— no han sido considerados en los posicionamientos que lo presentan como defensor de derechos humanos y víctima de persecución.
Uno de los puntos señalados es un inmueble ubicado en la ciudad de Orizaba, donde actualmente reside el joven junto con su pareja, Diana “N”. Familiares aseguran contar con documentación que acreditaría la propiedad del inmueble a nombre de otros integrantes de la familia, situación que habría detonado un conflicto legal aún en disputa.
Según estas versiones, el acceso y uso del inmueble habría generado desacuerdos entre las partes, derivando en señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, sin que hasta el momento exista una resolución judicial definitiva sobre la propiedad.
Por otro lado, una ex pareja de Marco “N”, radicada en Xalapa, señaló la existencia de diferencias de carácter familiar, incluyendo temas relacionados con manutención y responsabilidades parentales. La mujer afirmó estar en disposición de acudir ante las autoridades competentes para presentar documentación y aclarar su situación legal.
Fuentes cercanas al entorno familiar del joven refieren además antecedentes de conflictos personales previos, los cuales formarían parte del contexto integral de su situación actual, aunque dichas versiones no han sido confirmadas oficialmente por ninguna autoridad.
En contraste, el despacho jurídico Calva Corro, con sede en Puebla, así como organizaciones civiles, han solicitado públicamente la intervención de la Fiscalía General del Estado, al considerar que el caso podría implicar irregularidades en el actuar de las autoridades y una posible afectación a los derechos del imputado.
Personas cercanas al proceso judicial señalaron que existen antecedentes y actuaciones previas dentro de expedientes abiertos desde 2023, los cuales —según dichas fuentes— sí habrían sido valorados por el Poder Judicial al momento de dictar la medida cautelar de prisión preventiva, sustentada en elementos contenidos en la carpeta de investigación.
