Reforma judicial
Por Rebeca Solano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 20 de enero de 2026 el inicio del trámite de una petición internacional contra el Estado mexicano relacionada con la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. La comunicación fue dirigida al Cyrus R. Vance Center for International Justice, representante legal de 14 personas juzgadoras federales que promovieron la denuncia.
Con esta notificación, la CIDH activó formalmente el procedimiento del sistema interamericano y trasladó la petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Estado mexicano contará con un plazo de tres meses, con posibilidad de una sola prórroga de un mes, para presentar sus observaciones. La Comisión precisó que no se otorgarán extensiones adicionales.
El avance procesal abre una fase de escrutinio internacional sobre los cambios constitucionales al Poder Judicial mexicano, particularmente en lo referente a su compatibilidad con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por México. La CIDH aclaró que el trámite no implica una resolución de fondo, sino el inicio del análisis conforme a sus reglas ordinarias.
Origen de la petición
La denuncia fue presentada a finales de abril de 2025 y hecha pública en mayo del mismo año. Los 14 promoventes forman parte del Poder Judicial de la Federación, y su representación fue asumida por el Vance Center, organismo vinculado al Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
Los peticionarios señalaron afectaciones a la independencia judicial, así como violaciones a los principios de igualdad y no discriminación, con énfasis en impactos diferenciados contra mujeres dentro de la judicatura. También denunciaron señalamientos públicos de corrupción y nepotismo realizados por autoridades del Ejecutivo, sin que existieran procedimientos formales ni garantías de debido proceso.
El objetivo de la acción no busca la anulación de la reforma judicial, sino la adopción de medidas de reparación y el fortalecimiento de estándares regionales sobre independencia judicial, con el fin de prevenir precedentes similares en otros países.
Contenido central de la reforma judicial
La reforma judicial fue publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Entre sus cambios más relevantes se encuentra la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito y magistrados de circuito, con comicios programados para el 1 de junio de 2025.
El decreto redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, eliminó el funcionamiento en salas y estableció que el Pleno sesione de manera permanente. Asimismo, fijó en seis votos la mayoría necesaria para declarar la invalidez de normas y generar precedentes obligatorios.
La reforma creó el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados electos por voto popular, encargado de investigar y sancionar faltas graves. También se instauró el Órgano de Administración Judicial, responsable del presupuesto y de la carrera judicial.
En materia de amparo, la modificación limitó los efectos de las sentencias únicamente a las personas promoventes y prohibió suspensiones con efectos generales contra leyes impugnadas. Además, se estableció un tope salarial para el Poder Judicial, equiparado al sueldo presidencial.
Alcance del escrutinio internacional
Con el traslado de la petición, la CIDH inició el intercambio formal de posiciones entre las partes, bajo plazos estrictos. La Secretaría de Relaciones Exteriores coordinará la respuesta del Estado mexicano.
El procedimiento coloca a la reforma judicial mexicana bajo observación internacional, dentro de la agenda regional de la CIDH sobre independencia judicial. La Comisión aclaró que el desarrollo del trámite no anticipa conclusiones, y que cualquier resolución será comunicada conforme avance el análisis del expediente.
