Autopista Barranca Larga-Ventanilla: una revuelta social amenaza con estallar en Oaxaca
Por Rebeca Solano
La autopista Barranca Larga–Ventanilla, inaugurada por Andrés Manuel López Obrador con la promesa de ser gratuita para los oaxaqueños, se ha convertido en uno de los conflictos sociales más explosivos del estado. Con un costo de 936 pesos ida y vuelta, esta vía operada por CAPUFE figura entre las cinco más caras del país, pese a presentar baches, hundimientos, deslaves y obras inconclusas.
Las comunidades de los Coatlanes han decidido que a mediados de noviembre iniciarán protestas y bloqueos indefinidos, en protesta por el incumplimiento de compromisos federales y estatales. Aseguran que la revuelta “no será producto del capricho, sino del abandono y de las promesas rotas”.
La mentira de las promesas presidenciales
El 4 de febrero de 2024, López Obrador anunció que la autopista no tendría cuota para los oaxaqueños durante su gobierno. Sin embargo, el 31 de enero de 2025, CAPUFE comenzó a cobrar 234 pesos por caseta, sin distinción de procedencia.
El gobernador Salomón Jara Cruz justificó el incumplimiento afirmando que el beneficio aplicaría solo para comunidades adyacentes, dejando fuera a millones de oaxaqueños.
Transportistas de los Coatlanes denunciaron que solo algunas comunidades no afectadas por la obra obtuvieron el TAG libre, mientras ellos —quienes perdieron tierras y rutas— deben pagar los peajes más altos del país.
Una autopista en ruinas y un golpe económico
La vía, presentada como “autopista de alta calidad”, sufre cierres constantes por deslaves, y usuarios reportan condiciones peligrosas en varios tramos.
Las Urvan que operan en la zona pagan 936 pesos por viaje redondo, lo que ha obligado a aumentar tarifas a 350 pesos por persona hacia Puerto Escondido.
CAPUFE se comprometió a buscar descuentos o exenciones en abril de 2025, pero seis meses después no ha cumplido. Para las familias comuneras, el peaje representa varios días de salario, convirtiendo la promesa de desarrollo en una carga económica insostenible.
Tierras expropiadas y obras incumplidas
La construcción implicó la expropiación de 624 hectáreas comunales, pero los pagos por derecho de vía y obras compensatorias siguen pendientes. Los comuneros denuncian que caminos, electrificación, escuelas y clínicas prometidas nunca se concluyeron.
De las 114 estructuras de cruce anunciadas para evitar el aislamiento de las comunidades, muchas quedaron solo en planos.
Transporte irregular y caos institucional
El descontrol del transporte público agrava la crisis. Empresas foráneas operan sin permisos, desplazando a transportistas locales y generando bloqueos y enfrentamientos. La SICT y CAPUFE han sido rebasadas por la situación, mientras el gobierno estatal se limita a comunicados vacíos.
Asambleas comunitarias deciden la acción
Las asambleas comunales de los Coatlanes, máximo órgano de decisión indígena, han resuelto emprender bloqueos indefinidos a partir del 15 de noviembre, incluyendo el libre acceso en casetas como forma de presión.
Fuentes locales advierten que el conflicto podría escalar rápidamente si los gobiernos federal y estatal no atienden las demandas.
“La revuelta no será producto de la irracionalidad, sino del abandono y de las promesas traicionadas”, sostienen los comuneros.
Con CAPUFE y la SICT paralizadas, y Salomón Jara minimizando las protestas, Oaxaca enfrenta una bomba de tiempo.
Las comunidades de los Coatlanes advierten: “El 15 de noviembre comienza una nueva etapa de resistencia. Solo se escucha al pueblo cuando las carreteras se cierran.”
