Estafan a beneficiarios de Bienestar / Revista Jurista
Por Redacción
- Con base en padrones oficiales filtrados
Desde junio pasado, beneficiarios de los apoyos financieros a microempresas familiares otorgados en 2020 a través de las delegaciones del Bienestar han comenzado a ser víctimas de un sofisticado esquema de fraude que apunta a un uso indebido de información oficial.
La delegación en Veracruz, actualmente encabezada por el exdiputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín, es la dependencia que resguarda el padrón de beneficiarios. Sin embargo, supuestos abogados del “Consorcio Jurídico Finabien” están llamando a los acreditados para exigir el pago inmediato de sus adeudos de Créditos a la Palabra.
Fraude con datos oficiales
Los estafadores ofrecen “descuentos” de hasta el 55% para liquidar deudas en una sola exhibición y prometen, a cambio, otorgar nuevos créditos por hasta 50 mil pesos. Pero los pagos no se hacen por los canales oficiales del Banco del Bienestar, sino mediante depósitos en tiendas Oxxo o transferencias a cuentas de bancos digitales como Albo, registradas a nombre de particulares como Yolanda Danae Reyes Sánchez y Edit A. L. P.
Lo que distingue este fraude de una estafa telefónica común es el nivel de información al que acceden los delincuentes: cuentan con nombres completos, CURP, fechas de crédito, montos otorgados, folios de registro e incluso domicilios de los beneficiarios.
Estos datos solo están disponibles dentro de las Delegaciones del Bienestar, lo que apunta a complicidad interna de servidores públicos en el robo o venta del padrón.
Urgen investigaciones federales
Dado que se trata de recursos federales y padrones oficiales, especialistas advierten que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) deben intervenir de inmediato para investigar:
- Quién filtró o comercializó el padrón de beneficiarios.
- Quién está detrás del falso “Consorcio Jurídico Finabien”.
- El monto total defraudado.
- Qué funcionarios están involucrados en la operación.
De no actuar, miles de beneficiarios de programas sociales federales podrían quedar expuestos a la misma red de fraude, extorsión y robo con información oficial.
(Con información de Revista Jurista)
