Ernestina Ascencio
Por Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años que el 25 de febrero de 2007 fue víctima de violación sexual y tortura presuntamente a manos de militares en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, y que falleció al día siguiente sin recibir atención médica adecuada.
La dependencia federal señaló que la decisión se toma en cumplimiento de la sentencia emitida en septiembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ordenó al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual y la pérdida de la vida de la víctima, con apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El caso estará a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).
De acuerdo con el comunicado, la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, al concluir que la investigación inicial realizada por la fiscalía local no se apegó a los estándares internacionales.
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, cuando Ernestina Ascencio fue agredida en un contexto de militarización en la región, derivado de operativos contra el narcotráfico implementados por el Ejército. Tras la agresión, fue localizada por una de sus hijas con signos de violencia física y sexual.
Sus familiares intentaron trasladarla a diversos centros de salud durante más de diez horas; sin embargo, en varios hospitales fue rechazada o no recibió atención adecuada, y finalmente ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007 sin intervención quirúrgica. La falta de intérpretes de náhuatl dificultó la comunicación entre la víctima, sus familiares y el personal médico.
Entre las medidas ordenadas por la Corte se incluyen la reapertura de la investigación penal, atención médica y psicológica a los familiares, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitación a funcionarios y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
En diciembre de 2025, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional durante la audiencia de notificación de la sentencia. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno cumplirá con las acciones ordenadas por el tribunal.
Por su parte, el médico forense Pablo Mendizábal, quien participó en la necropsia, afirmó en entrevista que desde el inicio se documentaron evidencias de agresión sexual, y denunció que tras su dictamen enfrentó presiones institucionales durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
“Después de 17 años vemos que nuestro esfuerzo no ha sido en vano”, expresó, al señalar que la resolución internacional confirma el trabajo pericial realizado en el caso y abre la puerta a la reparación integral del daño para los familiares de la víctima.
