Presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera / Internet
Por: Rebeca Solano
- “Primera prueba del nuevo Poder Judicial”
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la derogación del artículo 480 de la Ley de Ciberasedio de Puebla, norma que, según denunció, pretende criminalizar la crítica ciudadana contra el gobierno estatal encabezado por el morenista Alejandro Armenta Mier.
Acompañado por líderes del partido, legisladores y académicos, Romero advirtió que esta será la primera gran prueba del renovado Poder Judicial: «Nosotros vamos a hacer un llamado al Poder Judicial para que se definan. No los prejuzgamos. Estamos atentos a cómo habrán de juzgar: o defendiendo las libertades de la Constitución o defendiendo al poder», declaró.
La acción legal está respaldada por más de 8,500 firmas ciudadanas y busca frenar lo que el PAN considera un intento de censura legislativa disfrazado de combate al ciberacoso. El artículo impugnado ha sido criticado por su redacción ambigua, que podría usarse —según expertos— para reintroducir la difamación penal y castigar opiniones incómodas al régimen.
Junto a esta acción, Romero anunció que el PAN promoverá un amparo universal contra las reformas federales que permiten la vigilancia del patrimonio de los ciudadanos, bautizadas por el diputado panista Federico Döring como «leyes bienespiar». “Estas reformas son, en realidad, un instrumento más para espiar y perseguir ciudadanos bajo el disfraz de combatir la corrupción”, advirtió Döring.
Desde Puebla, el presidente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, señaló que el artículo 480 atenta contra la libertad de expresión y representa un retroceso democrático: “El Partido Acción Nacional seguirá dando la batalla en favor de las libertades y siempre de la mano de la ciudadanía”.
La secretaria del CDE, Genoveva Huerta Villegas, sumó que Acción Nacional mantendrá su postura firme en todas las instancias: “Desde el Congreso del Estado se defendió el derecho a pensar distinto; desde la Cámara de Diputados alzamos la voz porque nos querían poner una mordaza, y desde el Senado se exhibe todos los días la vena autoritaria de Morena”.
Por su parte, el director jurídico del CEN, Santiago Torreblanca, explicó que, si la Suprema Corte admite y resuelve favorablemente la acción de inconstitucionalidad, el artículo será anulado. Anunció además que se implementará un modelo de amparo a disposición de periodistas y organizaciones civiles en Puebla.
La diputada Kenia López Rabadán contrastó las posturas en disputa: “Mientras Morena quiere censurar y espiar, el PAN defiende las libertades. Lo que ocurre en Puebla es una vergüenza histórica”.
Desde la academia, el profesor Luis Enrique Sánchez, de la BUAP, denunció que la redacción del artículo 480 no protege a las víctimas de acoso, sino al poder político: “Esta reforma no es compatible ni con el artículo 6º de nuestra Constitución ni con los tratados internacionales firmados por México”, subrayó.
En tanto, el ex policía cibernético Jesús Alfredo Páez San Martín criticó la falta de rigor técnico de la ley y advirtió que, tal como está redactada, puede derivar en violaciones a derechos fundamentales.
Acompañaron a Jorge Romero en la presentación formal de la impugnación los diputados federales Federico Döring y Kenia López Rabadán; el presidente del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña; la secretaria del CDE, Genoveva Huerta Villegas; y los legisladores locales Rafael Micalco y Marcos Castro. También participaron académicos y representantes de organizaciones civiles.
La decisión ahora está en manos del Poder Judicial de la Federación, que deberá definir si se alinea con los principios constitucionales de libertad de expresión o con la lógica punitiva del poder político.
