El líder del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa / Internet
- Exigen actualización tras 22 años sin ajustes
Por Alberto Mejía
El líder del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa, calificó como “lamentables” y “autoritarias” las recientes declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien advirtió que los concesionarios que apliquen aumentos unilaterales en las tarifas del transporte público podrían perder sus permisos.
En respuesta, Guarneros recordó que las tarifas oficiales no han sido actualizadas desde 2002, a pesar del aumento sostenido en los precios del combustible y la inflación acumulada en más de dos décadas.
“Cuando se establecieron esas tarifas, el litro de gasolina costaba menos de 10 pesos; hoy supera los 24. Es insostenible mantener precios de hace 22 años”, argumentó el dirigente.
El representante del gremio criticó que el gobierno estatal fije su postura con base en las condiciones de Xalapa, sin considerar las realidades regionales. Explicó que en Orizaba, la tarifa mínima oficial era de 16 pesos en el primer perímetro y 18 en el segundo, pero hoy, dijo, “con la inflación, eso es insostenible”.
“Levantar el garrote no resuelve nada”
Guarneros lamentó que en lugar de establecer mesas de diálogo, la administración estatal haya optado por amenazas y presión política. “Levantar el garrote no resuelve nada, solo genera confrontación. Necesitamos diálogo, no imposición”, expresó. También señaló que el sector está dispuesto a mejorar el servicio, pero requiere condiciones justas.
En Veracruz operan alrededor de 70 mil concesiones de taxi, por lo que, dijo, cualquier decisión unilateral afecta a miles de familias y al sistema de transporte en su conjunto.
Ciudadanía entre el desgaste y los abusos
Mientras tanto, usuarios del transporte público continúan denunciando cobros excesivos, particularmente en zonas metropolitanas como Orizaba, Córdoba y Veracruz. Aunque la tarifa mínima oficial no ha cambiado, muchos taxistas cobran entre 45 y 80 pesos por trayectos cortos, justificando el alza con los elevados costos de operación.
Ante estos abusos, la gobernadora Nahle ha pedido a la población que denuncie las irregularidades, al tiempo que mantiene su postura de no permitir ajustes arbitrarios. No obstante, los taxistas exigen una solución integral.
“No queremos enfrentamientos, pero tampoco podemos seguir trabajando con precios congelados en el tiempo”, concluyó Guarneros.
El conflicto entre el gobierno estatal y el gremio transportista crece en un entorno de tensión económica, y plantea un desafío urgente: ¿cómo equilibrar el derecho de los ciudadanos a un transporte accesible con la viabilidad económica de quienes lo prestan?
