El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tensó la relación con México, al intensificar las presiones contra el gobierno de Claudia Sheinbaum por presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.
Por Rebeca Solano
La relación entre México y Estados Unidos entró en una fase de máxima tensión desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, marcada por presiones directas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum para actuar judicialmente contra políticos y funcionarios de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Desde los primeros meses del nuevo gobierno estadounidense, Trump envió un mensaje explícito en el que advirtió que, por colusión, asociación o vinculación, las autoridades mexicanas estaban rebasadas y no actuaban contra los cárteles, lo que abrió la puerta a una mayor intervención de agencias estadounidenses, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.
El escenario se complicó desde el primer día de la nueva administración de Trump, cuando Estados Unidos declaró terroristas a los cárteles de la droga, una decisión que cayó como un balde de agua fría en Palacio Nacional, donde inicialmente se pensó que la relación con el republicano sería tersa, como en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Washington ha ejercido una presión sin precedentes desde la llegada del nuevo embajador, Ronald Johnson, exoperador de campo de la CIA, exigiendo no solo acciones de seguridad, sino procesos judiciales contra integrantes del régimen con presuntos nexos criminales. Aunque el gobierno mexicano ha realizado operativos contra extorsión y huachicol, Estados Unidos considera insuficientes los resultados, al no ver detenciones de alto nivel ni el desmantelamiento de redes políticas y empresariales.
De acuerdo con el texto, Estados Unidos entregó listas de funcionarios y políticos cercanos a López Obrador, entre ellos Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, sin que se produjeran acciones legales. Para Washington, esto confirmó un blindaje político, resumido en una frase contundente de un funcionario estadounidense: “Todos los caminos conducen a Palenque”.
Uno de los casos más graves es el del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de crear el grupo criminal La Barredora. Pese a que Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de solicitar juicios o extradiciones, no hubo respuesta del gobierno mexicano, lo que incrementó la desconfianza.
Ante la falta de cooperación judicial, la CIA, el Pentágono y otras agencias de inteligencia comenzaron a operar de forma unilateral en México, recopilando información sobre redes criminales y funcionarios de alto nivel, situación que ya es conocida por la presidenta Sheinbaum.
Tras la captura de Nicolás Maduro, Sheinbaum ha reforzado su discurso de defensa de la soberanía, pero funcionarios estadounidenses aseguran que la decisión de actuar ya está tomada, y que solo falta definir el momento. Según esas fuentes, el control del proceso ya no está en manos de México.
