General León Trauwitz acusa omisión de Rocío Nahle ante informe sobre robo de combustibles / Internet
Por Rebeca Solano
El general en retiro Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, reveló desde Canadá que en 2018 entregó personalmente a Rocío Nahle —entonces secretaria de Energía— un informe de más de 300 páginas con información detallada sobre el robo de hidrocarburos en el país, sin que se hubiera actuado al respecto.
La carpeta contenía gráficas, mapas, ubicaciones y nombres de presuntos responsables del huachicol, recopilados a partir de sistemas de inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea. La reunión, que duró menos de 30 minutos, fue gestionada por empresarios cercanos a proveedores tecnológicos de Pemex, según relató el propio general.
A pesar de la entrega de esa información, Trauwitz denunció que el saqueo de combustibles “se maximizó” durante los años siguientes, y que el gobierno federal no utilizó los datos para frenar el delito, sino que permitió que creciera, en medio de fallas deliberadas en flujómetros y cámaras de vigilancia.
Por su parte, Rocío Nahle minimizó el contenido del informe, calificándolo como “irrelevante”, y rechazó cualquier omisión. Aseguró que su gestión impulsó una estrategia frontal contra el robo de combustible.
Sin embargo, el general sostuvo que el problema no solo persistió, sino que se agravó. “Le dimos información valiosa a Rocío Nahle, pero no se usó para combatir el huachicol. Al contrario, el robo se maximizó”, afirmó. Aunque aclaró: “Yo no dije que ella lo haya utilizado para robar. Dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron”.
Trauwitz enfrenta un proceso de extradición en Canadá, acusado por la Fiscalía mexicana de presunta “pérdida de confianza”. Cinco de sus excolaboradores ya han sido sentenciados por negligencia. Mientras tanto, el general insiste en que hubo una red institucional que permitió el crecimiento del huachicol, con flujómetros inservibles, cámaras deliberadamente dañadas y omisión por parte de las autoridades.
En entrevistas recientes, también denunció que trabajadores de Pemex que reportaron tomas clandestinas fueron asesinados en estados como Guanajuato, Michoacán y Veracruz.
En este último estado, fueron aseguradas recientemente dos plantas que procesaban más de 1.5 millones de litros de combustible robado, con permisos ambientales en regla, lo que refuerza la hipótesis de una operación criminal tolerada desde el poder.
La denuncia de Trauwitz reaviva las dudas sobre la eficacia y honestidad del combate al robo de combustibles, uno de los delitos más lucrativos y peligrosos para el país, que —según expertos— ha sido aprovechado tanto por el crimen organizado como por redes de financiamiento político encubierto.
