Caso Narvarte / Internet
Por Rebeca Solano
- Familias exigen justicia por Rubén Espinosa y las cuatro mujeres asesinadas
A una década del multihomicidio en la colonia Narvarte, en el que fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, el caso permanece en la impunidad. Familiares de las víctimas, activistas y organizaciones como ARTICLE 19 denunciaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sido incapaz de esclarecer el crimen ni de identificar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
En conferencia de prensa frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, los familiares acusaron que han enfrentado negligencia institucional, retrasos injustificados y obstáculos sistemáticos en la investigación, que ha sido marcada por filtraciones, estigmatización de las víctimas y revictimización.
“Desde el inicio, las autoridades descartaron cualquier vínculo del crimen con el trabajo periodístico de Rubén y la labor en derechos humanos de Nadia. Ambos huyeron de Veracruz semanas antes, tras recibir amenazas en el contexto represivo del gobierno de Javier Duarte”, recordaron.
Durante el sexenio de Duarte (2010–2016), al menos 17 periodistas fueron asesinados y tres más desaparecieron, lo que convirtió a Veracruz en uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.
Tres sexenios sin justicia
Desde 2015 han pasado tres presidentes, tres jefaturas de Gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría capitalina, hoy Fiscalía. Sin embargo, ninguna administración ha asumido el compromiso de esclarecer el crimen. A pesar de las múltiples líneas de investigación —por vínculos con Veracruz, trata de personas y crimen organizado—, ninguna ha sido agotada.
“La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal. Hasta ahora, no ha identificado el móvil ni a todos los involucrados”, denunciaron las familias.
En 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy CDHCM) emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó violaciones graves a derechos humanos en la actuación de las autoridades. Ocho años después, la recomendación sigue sin cumplirse.
“¿Complicidad o miedo a Veracruz?”
Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista asesinado, cuestionó la falta de voluntad política para esclarecer los hechos:
“Algo pasa con las autoridades. O tienen miedo de acercarse a Veracruz, o son cómplices. Es inadmisible que después de diez años sigamos pidiendo lo mismo: justicia y verdad”.
Además, ARTICLE 19 y los representantes legales de las víctimas exigieron a la Fiscalía capitalina retomar las diligencias pendientes, investigar a fondo el móvil relacionado con la labor periodística y sancionar a las autoridades que obstaculizaron el caso.
El crimen del 31 de julio de 2015 se convirtió en un símbolo de la violencia contra la prensa, las mujeres y los defensores de derechos humanos en México. Hoy, a diez años de distancia, el Estado sigue en deuda con las víctimas del caso Narvarte y con la sociedad que exige justicia.
