18 de octubre de 2025

 

AMLO y Ricardo Salinas Pliego

Por Rebeca Solano

Al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la opinión pública se volcó contra Ricardo Salinas Pliego, el magnate incómodo de la 4T. El origen del conflicto fue simple: Salinas se negó a respaldar un presunto lavado de dinero a través de Banco Azteca, dejando al presidente expuesto y furioso.

Dilema de poder

AMLO no podía atacarlo directamente sin confirmar la ruptura política y financiera, y Salinas Pliego tampoco podía denunciar al presidente debido al control del mandatario sobre fiscalías, SAT, medios estatales y el aparato legislativo. Según expertos, la única estrategia era apoderarse de la SCJN para debilitar al empresario.

Estrategia mediática

Tras la ruptura, se desató una ofensiva mediática de Morena: desde cuentas falsas hasta influencers alineados, todos dirigidos contra Salinas. Por su parte, el empresario usó su televisora para responder y exponer irregularidades del gobierno.

Discurso sobre impuestos

El gobierno difundió que “Ricardo Salinas no paga impuestos” para generar indignación social, aunque esto no es cierto. Las empresas pueden deducir impuestos legalmente mediante acciones sociales o fundaciones, como hace la Fundación Azteca, que ha apoyado a miles de jóvenes en educación.

Ley de Amparo y efectos

El conflicto derivó en una nueva Ley de Amparo, que según analistas, podría aplicarse retroactivamente y afectar no solo a Salinas Pliego, sino a todos los ciudadanos que enfrenten a jueces o ministerios corruptos.

SCJN en la mira

La imposición de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN habría sido clave para aplicar la ley de manera retroactiva, con el objetivo de quitarle concesiones, multar y limitar la operación de TV Azteca, disfrazando la maniobra como justicia fiscal pero con fines de persecución política.

Guerra por la narrativa

Mientras la discusión pública gira sobre impuestos, el verdadero conflicto es quién controla la narrativa. Morena domina los medios públicos, pero TV Azteca sigue influyendo sobre millones de televidentes, algo que el gobierno no está dispuesto a permitir.

Justicia fiscal o persecución política, la polémica continúa.