18 de febrero de 2026

Acusan a Marx Arriaga de moches y hostigamiento en la SEP

Por Rebeca Solano

Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denunciaron que la gestión de Marx Arriaga Navarro estuvo marcada por presuntos moches, extorsiones y malos tratos hacia el personal.

De acuerdo con una queja presentada el 12 de enero ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP por la subdirectora Samantha Natalia Ríos Villanueva, se acusa a Sady Arturo Loaiza Escalona, entonces director de Desarrollo e Innovación, de solicitar depósitos de dinero a trabajadores de honorarios, supuestamente para cubrir “pagos de proyectos”, con conocimiento de Arriaga Navarro.

Depósitos y cuentas presuntamente irregulares

En el documento, del que tiene copia El Universal, se señala que Loaiza Escalona pedía “sondear” a empleados para que aportaran dinero y que las transferencias se realizaban a cuentas bancarias presuntamente registradas con nombres falsos, entre ellos “Rafael Rojas Jiménez” y “Édgar Carrillo González”, en instituciones como Banorte e Inbursa.

Los mensajes de WhatsApp citados en la denuncia mostrarían transferencias de hasta 38 mil pesos, con la promesa de obtener una plaza dentro de la dependencia.

La quejosa también afirma que, tras denunciar posibles irregularidades, fue citada por el propio Arriaga, quien le habría sugerido solicitar la renuncia de un empleado para evitar una investigación formal.

Ambiente de hostigamiento laboral

Además de los presuntos cobros indebidos, empleados señalaron un clima de hostigamiento y despidos injustificados durante la administración de Arriaga, quien fue cesado recientemente del cargo.

Trabajadores aseguran que quienes cuestionaban decisiones eran enviados a bodegas fuera de la ciudad o separados de sus funciones. También describen un ambiente de presión ideológica, donde quienes no compartían la visión de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) eran señalados o marginados.

Hasta el momento, la SEP no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre las acusaciones, mientras el Órgano Interno de Control analiza las denuncias presentadas.

El caso se suma a la controversia en torno a la elaboración de los libros de texto gratuitos y a los cambios recientes en la Dirección General de Materiales Educativos.