Ovidio Guzmán López / Redes Sociales
Por Rebeca Solano
- Señalamientos de narcopolítica alcanzan a AMLO, Sheinbaum y altos mandos de Morena
Tras declararse culpable de cuatro cargos federales en Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, ha desatado una tormenta política de gran escala. Según versiones difundidas por el portal Carpeta Púrpura y amplificadas por el empresario y analista Simón Levy, el líder del Cártel de Sinaloa habría entregado nombres y pruebas que comprometen a más de 300 figuras políticas mexicanas, entre ellas ex presidentes, gobernadores, militares, empresarios y miembros del actual gobierno federal.
La información, aunque no ha sido confirmada oficialmente por autoridades estadounidenses o mexicanas, está provocando un sismo político. Según estos reportes, Ovidio Guzmán habría declarado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió al menos 32 millones de dólares del narcotráfico para financiar sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, mediante la asociación Honestidad Valiente A.C. y operadores como Alejandro Esquer. También se involucra a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, acusado de participar en una red de huachicoleo vinculada al financiamiento paralelo de Morena.
Los señalamientos también incluyen al círculo cercano de Claudia Sheinbaum, gobernadores en funciones y ex funcionarios de alto nivel, que figuran en “paquetes” de nombres que —según Levy— serán procesados gradualmente por la justicia estadounidense. En la lista aparecen desde Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya, Mario Delgado y Margarita González Saravia, hasta Américo Villarreal, Cuauhtémoc Blanco, y Marina del Pilar Ávila. Llama la atención que también se menciona al expresidente Felipe Calderón, en una aparente estrategia de limpieza total del espectro político.
¿Narcoestado o narrativa política?
El reporte asegura que hay generales, jueces, empresarios y financieros implicados, incluyendo al ex jefe de gabinete Alfonso Romo, señalado por presunto lavado de dinero y vínculos con compañías chinas involucradas en el tráfico de precursores químicos para producir fentanilo.
Aunque la información ha sido difundida ampliamente en redes sociales y replicada por sectores críticos al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no ha sido validada por instancias judiciales o la fiscalía estadounidense. Tampoco se ha publicado hasta ahora ningún documento judicial oficial que sustente las afirmaciones.
Desde la audiencia en Chicago el pasado viernes, se sabe que Ovidio aceptó su responsabilidad como operador del Cártel de Sinaloa, reconoció haber traficado drogas hacia EE.UU., y aceptó pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo con la fiscalía. Vestido con un overol naranja y encadenado, dijo sufrir depresión pero aseguró tener plena conciencia de su decisión de declararse culpable.
Reacciones y consecuencias
Hasta el momento, ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos han respondido formalmente a estas acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a organismos de seguridad nacional señalan que se podrían abrir nuevas líneas de investigación transnacional que vinculen el narcotráfico con estructuras de poder político y empresarial en México.
Simón Levy, quien difundió parte de esta información en redes sociales, ha sido un actor polémico y sus publicaciones han dividido opiniones: mientras algunos consideran que está exponiendo información delicada y real, otros lo acusan de protagonismo y de participar en campañas de desestabilización política.
Lo cierto es que, si las declaraciones de Guzmán López son ciertas y se comprueban judicialmente, México estaría enfrentando el mayor escándalo de narcopolítica de su historia reciente, con consecuencias potencialmente devastadoras para el régimen de la 4T, las instituciones de seguridad, el aparato electoral y el sistema de justicia.
La expectativa ahora se centra en si el Departamento de Justicia de EE.UU. revelará públicamente los nombres, cargos y pruebas vinculadas al testimonio de Ovidio Guzmán, y si habrá una reacción oficial por parte de la administración de Claudia Sheinbaum.
Mientras tanto, en redes sociales ya circulan etiquetas como #NarcoPresidente, #NarcoGobierno, y #NarcoPartidoTerrorista, alimentando una narrativa que —de probarse— marcaría un antes y un después en la historia política y judicial de México.
