Versiones no confirmadas sobre presiones de Estados Unidos agitan el escenario político, tras una supuesta filtración de una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional que involucra a Donald Trump y a gobernadores mexicanos señalados en redes sociales.
Por Rebeca Solano
No hay información creíble o verificada de fuentes confiables que confirme que Donald Trump haya ordenado la captura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila como un mandato oficial de Estados Unidos. Además, autoridades mexicanas han desmentido versiones similares que circularon en redes.
Lo que sí se ha documentado en fuentes fiables es que la Cancillería mexicana rechazó versiones sobre supuestas exigencias de Estados Unidos para remover gobernadores, incluyendo a Rocha Moya y Marina del Pilar, calificándolas de infundadas.
Circula en redes y en un video en YouTube la afirmación de que, “a puerta cerrada” en Palacio Nacional, Donald Trump habría ordenado la captura de Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Marina del Pilar (Baja California) por supuestos vínculos con el narcotráfico y presiones de seguridad.
Sin embargo, no existe confirmación oficial ni de gobiernos ni de agencias judiciales sobre una orden de captura emitida por Estados Unidos contra estos gobernadores, ni comunicados formales de autoridades de EE. UU. o de México que avalen esa versión.
Autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han negado que Estados Unidos haya exigido la remoción de gobernadores, señalando que esas versiones son infundadas o malinterpretadas.
En el caso de Marina del Pilar Ávila, ha habido reportes sobre la revocación de su visa de turista por parte de Estados Unidos, pero eso no implica una orden de captura ni acusaciones formales de delitos penales por parte de Washington.
Hasta ahora, las únicas acciones verificadas relacionadas con estos gobernadores en contextos de presión internacional son cancelaciones de visa y versiones periodísticas sobre presiones políticas vinculadas al combate contra el narco, pero no órdenes de detención emitidas por tribunales de Estados Unidos.
