Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa
Por Rebeca Solano
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó su liberación anticipada del Reclusorio Norte, donde cumple una condena de nueve años de prisión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuentes penitenciarias y la propia defensa del exmandatario confirmaron a EL PAÍS que Duarte, sentenciado en 2018 por el desvío de 1,670 millones de pesos del erario veracruzano, espera una audiencia clave el próximo 12 de noviembre, en la que una jueza determinará si puede salir antes de cumplir su condena, originalmente programada para abril de 2026.
Según su abogado, Pablo Campuzano, Duarte ya purgó más del 70% de su pena y no tiene procesos pendientes, por lo que cumple con los requisitos legales para obtener el beneficio de la preliberación. “Tiene derecho, y cumple con todos los requisitos. Cada día privado de la libertad es un día lejos de su familia, y haremos todo el esfuerzo para lograr su salida”, señaló el defensor.
Durante la audiencia celebrada esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la solicitud de libertad anticipada, por lo que el fallo quedó en suspenso.
Fuentes internas del penal afirmaron que Duarte ya se despidió de sus compañeros del Dormitorio 2, donde organizó una fiesta con mariscos, refrescos y bebidas alcohólicas, en la que participaron otros reclusos procesados por corrupción y crimen organizado, entre ellos Christhian Von Roehrich, René Gavira y José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Duarte, quien fue expulsado del PRI en 2016, se fugó a Guatemala tras pedir licencia como gobernador y fue capturado y extraditado a México meses después. Aunque fue acusado de desaparición forzada, un juez federal lo exoneró en noviembre de 2024, despejando el camino para su solicitud actual.
El único obstáculo pendiente sería que la FGR solicitara a Guatemala autorización para procesarlo por nuevos delitos, distintos a los que motivaron su extradición, algo que aún no ha ocurrido, según su defensa.
La eventual liberación del exgobernador reaviva la polémica sobre la impunidad y los acuerdos judiciales que rodearon su caso, señalado como uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto.
