Marko Cortés compra departamento de 12 millones de pesos al contado y en euros; reaviva polémica con Fernández Noroña
Por Rebeca Solano
El senador y exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, adquirió un departamento valuado en 12 millones de pesos, operación que realizó al contado y en euros, según su declaración patrimonial presentada ante la Contraloría Interna del Senado. La compra, realizada el 2 de enero de 2025, se convirtió en el bien de mayor valor dentro de su patrimonio, ahora declarado en 31.2 millones de pesos, casi el doble de lo reportado al finalizar su dirigencia en el PAN.
El hecho ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos y reavivado la comparación con el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien meses atrás fue criticado por la compra de una propiedad de valor similar en Tepoztlán, Morelos.
Detalles de la operación y patrimonio de Cortés
- Departamento: 102 metros cuadrados de construcción sobre 55 metros de terreno.
- Compra: Realizada al contado y en euros (equivalente a 565 mil euros al tipo de cambio de enero de 2025).
- Patrimonio total: Incluye tres inmuebles, un terreno y varios vehículos, con un incremento cercano al 100% respecto a su patrimonio previo.
- Sin declaraciones públicas: Hasta el momento, Cortés no ha aclarado el origen de los recursos utilizados para la compra.
Polémica y comparaciones
El caso salió a la luz tras comentarios de Gerardo Fernández Noroña, quien reprochó la diferencia de trato mediático y político entre ambos casos:
“¡Ah! Marko Cortés puede comprar un bien inmueble en 12 millones de pesos, pero yo no tengo derecho a comprar a crédito un bien inmueble de esa cantidad”.
Mientras que Cortés pagó al contado, Noroña adquirió su propiedad mediante crédito hipotecario, lo que ha alimentado el debate sobre un doble rasero en el escrutinio de los legisladores.
La revelación ocurre en un clima de tensión entre Morena y la oposición, marcado por acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Analistas consideran que este caso podría reabrir el debate sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la capacidad de la Contraloría Interna del Senado para investigar posibles irregularidades patrimoniales.
