Marchas / Redes Sociales
Por Rebeca Solano
La Ciudad de México vuelve a ser escenario de protestas, pero también de un trato desigual por parte de las autoridades capitalinas. Mientras ciertos grupos reciben trato preferencial y marchan sin contratiempos ni presencia policial, otros —particularmente trabajadores que reclaman derechos laborales— son encapsulados o cercados por granaderos.
En días recientes, colectivos autodenominados “anti-gentrificación” tomaron las calles exigiendo frenar la llegada de extranjeros, los nuevos desarrollos inmobiliarios y el encarecimiento del costo de vida. A pesar de bloquear vialidades, no hubo presencia policial ni operativo alguno: trato VIP.
En contraste, trabajadoras del Poder Judicial que exigen el respeto a sus derechos laborales fueron rodeadas por granaderos, al igual que trabajadores del IMSS que demandan el pago de compensaciones ya ganadas. Ambos grupos fueron encapsulados o limitados en su derecho a manifestarse.
Las escenas han generado críticas en redes sociales y entre organizaciones civiles, que acusan al gobierno de la CDMX de aplicar un doble rasero: reprimir a quienes realmente laboran y protestan por demandas concretas, mientras se toleran las movilizaciones simbólicas o ideológicas que no cuestionan al régimen.
“Se aplaude al que simula. Se reprime al que trabaja. Las prioridades del gobierno están claras: premiar al activismo que no incomoda”, expresó un trabajador afectado.
El desequilibrio en la respuesta oficial no ha sido explicado por la administración local. Para muchos, la política de contención parece dirigida no a mantener el orden, sino a administrar el descontento según su potencial político.
