Expresidente Enrique Peña Nieto
Por Rebeca Solano
El expresidente Enrique Peña Nieto habría adjudicado un contrato por 4.1 millones de dólares al empresario israelí Uri Ansbacher, actualmente investigado por su presunta participación en el esquema de sobornos y triangulación para la venta del malware espía Pegasus al gobierno mexicano.
La revelación proviene de una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documenta cómo, a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Peña Nieto entregó el contrato el 31 de julio de 2018, apenas cuatro meses antes del final de su sexenio.
El contrato fue asignado a Air Cap S.A. de C.V., una empresa constituida por Ansbacher y señalada por el SAT como “empresa fantasma”. En abril de este año, el Servicio de Administración Tributaria la incluyó en su lista definitiva de contribuyentes que simularon operaciones para evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos públicos, al carecer de activos, personal e infraestructura real.
MCCI detalla que Air Cap acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020, no solo durante el sexenio de Peña Nieto, sino también bajo la administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
Aún más preocupante, la investigación señala que entre 2019 y 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió invitaciones a Air Cap para cotizar diversos servicios. Aunque esas invitaciones se suspendieron en julio de 2021, después de una investigación periodística global que expuso la red de empresas utilizadas para comercializar Pegasus, el gobierno de AMLO terminó de pagar en 2020 el contrato originalmente suscrito por Peña Nieto.
Pegasus, un software espía de origen israelí, fue utilizado en México para vigilar ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas e incluso opositores políticos. El contrato vinculado con Air Cap y Ansbacher sugiere que los vínculos comerciales con el malware permanecieron vigentes incluso después del cambio de gobierno.
Este caso reaviva el debate sobre la impunidad en los contratos de inteligencia y seguridad nacional, así como la opacidad en las adquisiciones gubernamentales bajo ambos sexenios. Mientras tanto, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de la Función Pública han anunciado investigaciones formales contra los funcionarios implicados en la contratación de Air Cap.
