Presidenta Claudia Sheinbaum
Por Rebeca Solano
El llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla adelantar a 2027 la consulta de Revocación de Mandato y aplazar hasta 2028 la segunda elección de jueces.
De acuerdo con la propuesta, los ciudadanos podrían solicitar la revocación del titular del Ejecutivo federal durante el tercer o cuarto año de gobierno, lo que permitiría que el ejercicio se realice el primer domingo de junio de 2027, coincidiendo con las elecciones federales y locales.
Actualmente, la legislación establece que esta consulta se llevaría a cabo en 2028, por lo que el cambio implicaría adelantar un año este mecanismo de participación ciudadana.
Sin embargo, la iniciativa ha generado tensiones con aliados del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes advierten que empatar la revocación con la elección intermedia podría beneficiar políticamente al partido en el poder.
En paralelo, el Gobierno federal analiza modificar el calendario de la reforma judicial, para que alrededor de 850 juzgadores que serían electos en 2027, pasen a votarse hasta 2028, debido a la complejidad del proceso electoral.
Cabe destacar que en 2027 ya están previstas elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y ayuntamientos, además de comicios judiciales en al menos 24 entidades.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que la modificación de fechas aún no forma parte de la iniciativa actual, sino que sería planteada posteriormente.
La propuesta abre un nuevo debate político sobre el uso electoral de la revocación de mandato y la viabilidad del calendario electoral en México.
Sheinbaum propone reducir regidores
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó reducir a un máximo de 15 el número de regidores en los cerca de 2 mil 500 ayuntamientos del país, como parte del paquete de reforma electoral.
La propuesta establece que los municipios con hasta 60 mil habitantes tendrán 7 regidores, mientras que aquellos con hasta 800 mil pobladores contarán con 12, y las demarcaciones más grandes podrán tener un máximo de 15.
Actualmente, en México existen más de 13 mil regidores, por lo que la medida busca disminuir costos y hacer más eficientes los cabildos municipales.
De cara a la elección del 6 de junio de 2027, se prevé la renovación de alrededor de mil 900 ayuntamientos, lo que convertiría esta reforma en un cambio de gran impacto a nivel local.
El dirigente del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, respaldó la iniciativa, aunque advirtió que se debe garantizar la pluralidad en los cabildos, pese a la reducción en el número de integrantes.
“Es correcto disminuir regidores, pero se debe respetar la representación plural”, señaló.
Además, se contempla que los ahorros generados por la reducción de regidurías y la austeridad en los congresos locales se destinen directamente a municipios y estados.
Entre los casos más impactados destacan cabildos como el de Monterrey, que actualmente tiene 28 regidores, y Puebla, con 23, los cuales deberán ajustarse al nuevo límite.
En cuanto a los congresos locales, se mantendrá el número de diputados, pero se implementará una fórmula para limitar su presupuesto, con el objetivo de obligar a aplicar medidas de austeridad sin afectar su capacidad operativa.
La propuesta forma parte del “Plan B” electoral y, de aprobarse, obligará a los congresos estatales a modificar sus leyes para adecuarse al nuevo esquema.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de postergar hasta 2028 la elección popular de 849 magistrados y jueces de distrito, como parte de los ajustes a la reforma judicial.
La mandataria explicó que la medida busca descongestionar el calendario electoral de 2027, reducir costos y facilitar un proceso que considera complejo.
“Hay una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 2028”, señaló, al precisar que la propuesta será enviada al Congreso para su análisis.
El planteamiento sugiere que el Gobierno federal busca reorganizar los tiempos electorales y dar mayor viabilidad operativa a la elección judicial, que por primera vez se realizaría mediante voto popular.
