Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos / Internet
Por Rebeca Solano
- Permanecerá en registro nacional por 18 meses
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tras acreditarse que excluyó deliberadamente a la diputada Juanita Guerra Mena de un acto oficial en 2023.
Los hechos ocurrieron durante el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”, cuando Guerra Mena fue impedida de ingresar al palco principal del evento y de instalar un templete para sus invitados. De acuerdo con la denuncia y la resolución de la Sala Regional Especializada, Blanco y su director de logística, Arturo Millán, incurrieron en violencia simbólica y psicológica al obstaculizar la visibilidad y participación política de la legisladora morenista.
El proyecto fue aprobado por mayoría en la Sala Superior, que ratificó la existencia de violencia política de género. La resolución considera que la exclusión fue un acto discriminatorio que afectó de forma diferenciada el ejercicio del cargo público de la diputada.
Consecuencias legales
Con esta resolución, Cuauhtémoc Blanco permanecerá inscrito en el registro por un año y seis meses. La notificación oficial fue enviada el pasado 11 de junio a la Cámara de Diputados y a la Oficina de la Gubernatura de Morelos.
Aunque especialistas en derecho electoral subrayan que esta sanción no lo inhabilita para contender en futuras elecciones —ya que la inscripción concluirá antes del proceso electoral federal de 2027—, advirtieron que podría tener consecuencias administrativas o políticas en otros ámbitos, especialmente si acumula más sanciones de este tipo.
Acusaciones penales
La carrera política de Blanco ha estado marcada por la polémica. Actualmente enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Morelos por tentativa de violación, en una denuncia presentada por su hermana, Nidia Fabiola Blanco. Aunque la Cámara de Diputados desechó una solicitud de juicio político en su contra, el caso sigue abierto y ha generado fuertes críticas en la opinión pública.
Este nuevo revés legal se suma a una serie de cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, vínculos con grupos criminales y un desempeño opaco durante su paso por la gubernatura de Morelos.
La confirmación de esta sanción marca un precedente importante en materia de violencia política de género, al involucrar a un personaje público de alto perfil y al reafirmar el criterio de que la exclusión simbólica también constituye un acto de violencia que debe ser sancionado conforme a la ley.
