Capitán Jeremías Pérez Ramírez / Internet
Por Redacción
Unas horas después de que su nombre apareciera en la lista de marinos acusados de participar en una red de tráfico de combustible ilegal, el capitán Jeremías Pérez Ramírez fue encontrado sin vida en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. El cuerpo presentaba un disparo en el pecho.
La revelación ocurrió tras la declaración del exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, quien señaló a Pérez Ramírez y a otros elementos de la Marina como beneficiarios de sobornos para permitir la descarga de buques de huachicol en el puerto de Tampico.
Según Torres Joaquín, en abril de 2024 recibió 100 mil pesos del capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, operador de la red encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), al menos seis buques con millones de litros de combustible ilegal atracaron en Tampico unas 14 veces bajo protección de elementos navales y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Más de 25 millones de pesos habrían sido distribuidos en sobornos, con pagos de entre 100 mil y 300 mil pesos por funcionario.
Expansión de la red y encubrimiento
Los señalamientos apuntan a que la red operaba también en aduanas de Baja California y Sonora, estado natal de los hermanos Farías. En agosto de 2022, el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pidió al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez, investigar la trama. Sin embargo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero sostuvo que la red había sido denunciada desde hacía dos años, en aparente contradicción con los tiempos de las operaciones denunciadas.
El oficio del general Sandoval señalaba directamente a Juan Carlos Madero Larios, entonces administrador de Operación Aduanera y cuñado de la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, quien buscó ampararse ante una posible orden de aprehensión poco antes de que estallara el escándalo.
