Acusan destierro ilegal
Por Rebeca Solano
La llamada “Ofrenda de Sangre” que el gobierno de Claudia Sheinbaum envió a Donald Trump, presentada como un “triunfo en materia de seguridad”, se ha convertido en una grave controversia legal en México.
Lo que fue anunciado como un logro contra el crimen organizado, hoy ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) como un presunto CRIMEN DE ESTADO.
Familiares de los detenidos, encabezados por la defensa legal y la pareja del Z-27, no recurrieron a amparos. En su lugar, presentaron una denuncia directa en la que acusan a la Presidenta de la República y al Consejo de Seguridad Nacional de TRAICIÓN A LA PATRIA.
El delito denunciado: destierro
El eje central de la acusación es que no existió un proceso formal de extradición. De acuerdo con los denunciantes, no hubo juicio, juez, ni derecho a la defensa, sino que los detenidos fueron trasladados y entregados a Estados Unidos sin sustento legal.
En términos jurídicos, señalan, esto no es extradición, sino DESTIERRO, una práctica expresamente prohibida por el Artículo 22 de la Constitución Mexicana. Bajo este argumento, el Ejecutivo habría violado la Carta Magna al obedecer una exigencia del gobierno estadounidense.
El precedente que enciende alertas
Los abogados advirtieron que el caso va más allá de los perfiles criminales entregados, ya que sienta un precedente peligroso para cualquier ciudadano.
“Si el gobierno puede saltarse la Constitución y entregar personas a una potencia extranjera sin juicio, puede hacerlo con cualquiera”, señalaron.
De acuerdo con esta lógica, las garantías individuales quedarían anuladas, abriendo la puerta a que periodistas, empresarios u opositores políticos puedan ser entregados sin un proceso legal, lo que implicaría la ruptura del Estado de derecho.
Sumisión y soberanía
La denuncia también acusa la existencia de una “coalición de servidores públicos” que habría actuado en beneficio de intereses extranjeros, señalando que Sheinbaum actuó no como Jefa de Estado, sino subordinada al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aceptar que la entrega fue resultado de un acuerdo político y no judicial, sostienen, equivale a una confesión de responsabilidad.
Doble derrota
Los denunciantes concluyen que el episodio representa una derrota doble para el gobierno mexicano:
- Ante Estados Unidos, porque la entrega de los detenidos no frenó las amenazas de intervención.
- Ante México, porque expone una posible violación a la soberanía nacional y a la Constitución.
De acuerdo con la acusación presentada, el gobierno intentó resolver un conflicto internacional mediante atajos políticos, incurriendo presuntamente en el único delito grave por el que puede ser juzgado un Presidente en funciones: la traición a la patria.
