Narcoelección en Sinaloa / Internet
Por Rebeca Solano
La democracia en Sinaloa se vio gravemente amenazada en 2021, según denuncias de Paola Gárate, actual diputada priista, quien asegura haber sido víctima de un secuestro ejecutado por el Cártel de Sinaloa la víspera de las elecciones para garantizar el triunfo de Rubén Rocha, candidato de Morena.
En su columna Linotipia para Reforma, la periodista Peniley Ramírez relató que Gárate y una colaboradora fueron interceptadas en camionetas al salir de la sede estatal del PRI, encintadas de los ojos y trasladadas a lo que parecía una casa de seguridad. Allí, entre amenazas, un hombre que se presentó como “jefe” les dijo: “La elección ya está decidida”.
No se trató de un hecho aislado. Más de 20 priistas, incluido el secretario de organización del partido, también fueron privados de su libertad. El mensaje era claro: impedir cualquier obstáculo para la victoria de Morena en las urnas.
Gárate perdió la elección, pero insiste desde el Congreso local en que el miedo no puede normalizarse. “Si tienes una narcoelección, como la tuvimos, vas a tener un narcogobierno”, declaró.
Hasta ahora, el caso permanece sin justicia. Fuentes federales han confirmado investigaciones sobre Rocha, pero ninguna ha prosperado en tribunales. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa continúa, con miles de víctimas y un cártel operando a plena vista. La interrogante persiste: ¿cuántas elecciones en México estarán realmente decididas por los ciudadanos y cuántas por el crimen organizado?
