Almirante Rafael Ojeda Durán / Internet
Por Rebeca Solano
La red de corrupción descubierta en marzo en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, golpeó la imagen de la Secretaría de Marina como institución incorruptible y ya salpica directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con información oficial y versiones de inteligencia, dos sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina, operaban una red criminal vinculada al huachicol fiscal, el contrabando y el tráfico de drogas. Uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, se encuentra preso en el Altiplano; el otro, el contralmirante Fernando Farías Laguna, continúa prófugo.
La operación que desmanteló parte de la red permitió asegurar un buque-tanque cargado con diésel disfrazado como aceite, con lo que se habrían evadido impuestos por 142 mil millones de pesos. En la investigación hay al menos 20 oficiales navales involucrados, además de agentes aduanales y empresarios.
El propio almirante Ojeda habría tenido conocimiento de las actividades ilícitas desde hace un año, cuando recibió un informe que describía los negocios de sus familiares. Aunque presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la Marina, la dependencia no investigó ni sancionó, lo que hoy lo coloca bajo sospecha de responsabilidad por omisión.
La red criminal no se limitaba al robo de combustible: informes apuntan a operaciones de tráfico de cocaína en el Golfo y el Pacífico, control de aduanas estratégicas como Pantaco en la Ciudad de México, y vínculos con grupos criminales como La Unión Tepito y líderes regionales.
Analistas y funcionarios consultados señalan que durante el sexenio de López Obrador el combate al huachicol fue laxo y permisivo, permitiendo incluso que el combustible robado abasteciera obras insignia como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, además de subsidiar a la CFE y la exportación de petróleo a Cuba.
La presidenta Sheinbaum ha prometido que “no habrá impunidad”, aunque enfrenta ya presiones y posibles sabotajes internos, incluidos asesinatos recientes de oficiales de Marina. El reto, señalan, será determinar si el nuevo gobierno se atreve a “barrer la escalera de arriba hacia abajo”, lo que inevitablemente podría alcanzar al expresidente López Obrador y a su círculo cercano.
