Irma Hernández Cruz / Internet
Por Rebeca Solano
El reciente asesinato de Irma Hernández Cruz ha estremecido no solo a Veracruz, sino a todo México. La mujer, de 62 años, era una maestra jubilada ampliamente conocida y querida en Álamo Temapache, donde vivía. Para complementar su pensión, manejaba un taxi. Pero el pasado 18 de julio fue secuestrada por un comando armado; seis días después, fue hallada sin vida.
El caso causó conmoción no solo por su brutalidad, sino por la figura misma de Irma: una mujer trabajadora, respetada y cercana a su comunidad. Fue recordada por generaciones de exalumnos como una profesora dedicada, y por pasajeros y colegas taxistas como una persona amable y comprometida.
El video del terror
Dos días después de su desaparición, circuló en redes un video aterrador: Irma arrodillada, rodeada por hombres armados y encapuchados, leyó un mensaje en el que llamaban a los taxistas a “alinearse” y pagar cuota. La advertencia era clara:
“¡Con la Mafia Veracruzana no se juega! Así van a acabar todos los que no quieran pagar piso”.
Ese video se convirtió en pieza clave de la investigación. La gobernadora Rocío Nahle reconoció públicamente que una de las principales líneas de investigación es el cobro de piso, y confirmó que no hubo solicitud de rescate.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el jueves 24 que el cuerpo de Irma fue localizado en Álamo, gracias a trabajos de campo y gabinete. La identificación fue realizada por un equipo forense multidisciplinario. La Fiscalía Regional de Tuxpan continúa las investigaciones y la fiscal general Verónica Hernández Giadáns aseguró que no habrá impunidad.
¿Quiénes son la Mafia Veracruzana?
El grupo criminal que se adjudica el control de la región norte de Veracruz es conocido como la Mafia Veracruzana, también identificada como Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS). Se trata de una escisión del Cártel del Golfo que ha ganado notoriedad desde 2020.
Operan con brutalidad en municipios como Pánuco, Tuxpan, Tantoyuca, Tihuatlán y Álamo Temapache, utilizando tácticas de terror social: ejecuciones públicas, narcomantas, videos intimidatorios y reparto de despensas con el sello de sus líderes, como “El Comandante Puma” o “El Comandante Meduza”.
Durante la pandemia de COVID-19, el grupo incluso impuso toques de queda y se presentó como una fuerza “protectoras del pueblo”, aunque en los hechos ejercen cobro de piso, extorsión, secuestros, tráfico de migrantes y venta de droga, según informes de inteligencia de la SEDENA filtrados por Guacamaya.
Sus comandos circulan en camionetas rotuladas, con armas largas y vestimenta táctica, y han establecido una red de vigilancia comunitaria que reporta movimientos de autoridades y rivales.
El caso de Irma revela el control territorial de estas organizaciones, y cómo la vida cotidiana se ha vuelto una zona de riesgo para quienes no “colaboran”.
Un crimen que duele y alarma
Activistas locales advierten que el caso de Irma no es aislado. En los últimos meses se han reportado otras desapariciones y amenazas en la región, muchas sin seguimiento oficial ni cobertura mediática.
Para muchos habitantes de Álamo, el asesinato de Irma no solo representa una pérdida devastadora: es también una advertencia directa de lo que significa vivir bajo el control del crimen organizado.
“Era como una madre para nosotros”, dijo una joven exalumna. “Ahora todos tenemos miedo”.
Mientras las autoridades prometen justicia, la sociedad exige más que palabras. El caso de Irma Hernández exige respuestas, pero sobre todo acciones contundentes que frenen la violencia y la impunidad en el Veracruz del norte, donde el crimen ha dejado de ser invisible para volverse dueño del territorio.
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