Observatrio Sonora por la Seguridad / Internet
Por: Rebeca Solano
En un hecho atroz que ha conmocionado al país, tres niñas fueron halladas sin vida, abrazadas entre sí y con evidentes signos de violencia, en un paraje cercano a la carretera que conduce al Poblado Miguel Alemán, en Hermosillo. Sus cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron localizados bajo un árbol del Campo Rosela, a la altura del kilómetro 7 de la carretera 36 Norte, tras una llamada anónima recibida por el colectivo Buscadoras por la Paz.
Las menores, identificadas extraoficialmente como unas gemelas de 12 años y una niña de 10, habían sido privadas de su libertad junto con su madre días antes, presuntamente por integrantes del crimen organizado. En redes sociales, usuarios atribuyen el crimen a un grupo denominado “La Gente Nueva Salazar”, célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa, señalada por su extrema violencia, particularmente contra mujeres.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó este sábado el hallazgo de los cuerpos y detalló que se inició una carpeta de investigación. Horas más tarde, el organismo reconoció que los asesinatos de las menores están relacionados con otro crimen ocurrido el pasado 4 de julio, cuando fue localizado el cuerpo de una mujer en la misma zona, en el entronque Hermosillo–Bahía de Kino. Esa víctima fue identificada como la madre de las niñas.
El colectivo Buscadoras por la Paz denunció que, pese a que se reportó la desaparición de la mujer y sus hijas, ninguna autoridad realizó labores efectivas de búsqueda. Fueron ellas, una vez más, quienes localizaron los cuerpos, en un sitio donde también se hallaron casquillos percutidos, evidencia que refuerza la hipótesis de una ejecución directa.
Las víctimas eran originarias de la colonia Tierra Nueva, en Hermosillo. La Fiscalía no ha confirmado oficialmente sus identidades ni ha informado sobre detenidos, aunque aseguró que “personal de Servicios Periciales procesó la escena del crimen y recaba todos los indicios”.
Ante la indignación social, el Observatorio Sonora por la Seguridad exigió al gobierno estatal asumir su responsabilidad ante la crisis de violencia. “En menos de dos semanas se han registrado al menos 18 homicidios, incluyendo esta masacre infantil que refleja la absoluta impunidad con la que operan los grupos criminales”, señalaron en un comunicado.
“Ya basta de negligencias. El Estado debe garantizar la seguridad de niñas, niños y mujeres, y no lo está haciendo”, advirtió el organismo.
Este caso revive el horror de otras masacres infantiles en el país, y evidencia una vez más la brutalidad con la que el crimen organizado actúa en zonas donde la presencia del Estado es nula o cómplice. Las autoridades han prometido avanzar en las investigaciones, pero para muchas familias en Sonora, esa promesa suena demasiado tarde.
