Rebeca Solano
Una treintena de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), condenaron las declaraciones del fiscal general César Jáuregui Moreno, quien aseguró que “difícilmente” se podrá identificar a las personas entre los 383 cuerpos apilados de forma ilegal en el crematorio Plenitud. Las agrupaciones exigieron una investigación exhaustiva, científica y con perspectiva de derechos humanos, así como justicia para las familias que enfrentan una nueva tragedia tras haber creído despedir a sus seres queridos.
“En un estado con una crisis forense y miles de personas no localizadas, demandamos que se agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos”, señaló el pronunciamiento conjunto firmado también por activistas y familiares en lo individual.
Las organizaciones exigieron el deslinde de responsabilidades en la operación del crematorio, el esclarecimiento de los permisos otorgados y la supervisión sanitaria de las instalaciones, así como la revisión de los convenios que el gobierno del estado mantiene con funerarias a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detenido al dueño del crematorio y a su único empleado, quienes enfrentan cargos por inhumación ilegal y violaciones a la Ley General de Salud, que podrían derivar en penas de hasta 17 años de prisión. La audiencia de vinculación está programada para este viernes 5 de julio a las 11:00 horas.
El fiscal Jáuregui informó que al menos 89 familias ya han acudido con la esperanza —o el temor— de encontrar entre los cuerpos a sus familiares desaparecidos. De los 383 cuerpos encontrados, 218 corresponden a hombres, 149 a mujeres y 16 más aún no han sido clasificados por género. Entre ellos hay cuatro menores de edad, incluidos dos neonatos. Algunos cuerpos portaban etiquetas hospitalarias, números de seguridad social, tatuajes o señales físicas distintivas, lo que facilitará su identificación. Sin embargo, el embalsamamiento químico complica las pruebas de ADN.
Los cuerpos fueron hallados el pasado 26 de junio en un predio ubicado en la zona de Los Kilómetros, a las afueras de Ciudad Juárez, luego de un reporte de la policía municipal. El lugar operaba como crematorio subcontratado por al menos cinco funerarias: Luz Divina, Protecto Deco, Funeraria del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno. El inmueble fue descrito por las autoridades como un “escenario dantesco”, con cuerpos amontonados en distintos cuartos.
Organizaciones como la Red Mesa de Mujeres, el Colectivo de Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, y la Colectiva Hijas de su Maquilera Madre, entre muchas otras, exigieron que la disposición final de los restos se realice con el consentimiento informado de las familias, y subrayaron que este hallazgo abre la posibilidad de que los crematorios sin regulación se conviertan en instrumentos para la desaparición forzada.
“Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente. Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos, y garantizar un tratamiento digno de cada uno de ellos”, señalaron en el comunicado.
El caso ha despertado profunda indignación en Ciudad Juárez, una ciudad marcada por la violencia y la impunidad. Familias como la de Gloria Criollo, quien perdió a sus padres y teme que estén entre los cuerpos encontrados, han relatado el sufrimiento y la revictimización que enfrentan al dudar ahora de si las cenizas que recibieron realmente pertenecen a sus seres queridos.
Las autoridades reconocieron la precariedad con la que atienden a las familias: sólo cuentan con ocho psicólogos para brindar acompañamiento a decenas de personas que llegan con la esperanza de saber la verdad. El gobierno estatal ha prometido continuar con la investigación, incluyendo posibles omisiones de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y de otras instancias responsables de vigilar la operación de crematorios en la entidad.
Las organizaciones firmantes recalcaron que este caso debe marcar un precedente: “Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas en Chihuahua. Demandamos que esta tragedia no quede impune y que se repare el daño a las familias con verdad y dignidad”.
