Red de huachicol en la Marina
Por Rebeca Solano
La corrupción dentro de la Secretaría de Marina (Semar) vuelve a colocarse en el centro de las investigaciones tras revelarse una red de huachicol fiscal presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), presentado por Latinus, incluye la denuncia del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en una carta enviada el 14 de junio de 2024 a Ojeda Durán, alertó sobre actos ilícitos cometidos por los hermanos Farías en el manejo de aduanas y combustible.
El asesinato del denunciante
El caso adquirió mayor gravedad tras el asesinato de Fernando Rubén Guerrero Alcántar el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, casi un mes después de haber sido citado a las oficinas del actual secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, el 10 de octubre.
Según el expediente, el homicidio pudo estar vinculado directamente con las denuncias que realizó sobre la red de corrupción, pues se señala: “Infiriéndose una relación directa de su homicidio con la reunión del 10 de octubre de 2024 (…) posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas (…) involucradas en una red de corrupción en las aduanas”.
La FGR no descarta un posible encubrimiento institucional, ya que Guerrero Alcántar había informado con precisión dónde estaría tras recibir una licencia de la Marina, datos que únicamente eran del conocimiento de mandos navales.
La red de los Farías
Las investigaciones federales derivaron en la detención de 14 personas, entre ellas marinos, agentes aduanales y empresarios, que operaban en el puerto de Tampico, Tamaulipas, permitiendo la descarga de gasolina contrabandeada a cambio de sobornos.
Uno de los señalados como intermediario fue Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, mencionado en reportes de inteligencia como vinculado al asesinato de Guerrero Alcántar.
Este caso abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el papel de la Marina durante el sexenio pasado y sobre el grado de protección que habrían recibido los hermanos Farías en su red criminal.
