Fiscalía General de la República (FGR)
Por Rebeca Solano
El que ha sido considerado el caso más grande de huachicol fiscal en México enfrenta un revés judicial luego de que un tribunal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, propietario de Impulsora de Productos Sustentables. La decisión se dio debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), lo que debilitó el proceso judicial.
El caso se originó en octubre de 2019, cuando la empresa declaró únicamente 7.2 millones de litros de diésel de los 28.7 millones que ingresaron al país a bordo del buque Atlantic Bay, lo que generó un daño estimado al erario de 173 millones de pesos. Las pérdidas corresponden tanto a derechos de importación no pagados como a impuestos como el IEPS y el IVA que tampoco fueron cubiertos por el combustible que terminó en el mercado ilegal.
La empresa Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 tras la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, y llegó a convertirse en proveedora de combustible de Interjet. Sin embargo, para finales de 2021 la compañía ya adeudaba mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
El diésel involucrado en el caso fue vendido por Gunvor Group, una multinacional de materias primas con sede en Suiza, la cual fue bloqueada el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en medio de investigaciones relacionadas con operaciones financieras internacionales.
