Trump autoriza ataques letales contra cárteles mexicanos y expande rol de la CIA
Por Rebeca Solano
El presidente Donald Trump informó de manera clasificada al Congreso de Estados Unidos sobre las bases legales que justifican ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles, incluidos los mexicanos, así como presuntos traficantes de drogas, según reveló la cadena CNN.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya inició la revisión de sus drones espía no tripulados, que operan frecuentemente sobre México, para considerar su equipamiento armado, indicó la misma fuente.
La tesis legal elaborada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC) sostiene que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses. Sin embargo, esta lista incluye grupos más allá de aquellos designados públicamente como organizaciones terroristas.
Expertos legales señalaron que esta opinión constituye una justificación para una guerra indefinida contra los cárteles, otorgando al presidente el poder de designar narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir su ejecución sumaria sin revisión legal. Esto representa un cambio radical respecto a prácticas previas, donde los involucrados eran tratados como criminales con derecho a debido proceso.
Según CNN, un memorando del Departamento de Defensa enviado al Congreso sostiene que EE. UU. está en un «conflicto armado» con los cárteles, lo que autoriza ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Hasta ahora, las fuerzas armadas han realizado al menos cuatro ataques en el Caribe, causando muertes de personas vinculadas con cárteles recientemente declarados organizaciones terroristas.
La administración Trump también ha expandido las autoridades de la CIA, permitiéndole llevar a cabo acciones letales y operaciones encubiertas en Latinoamérica. El presidente firmó una directiva secreta que ordena a las fuerzas armadas atacar a cárteles de drogas latinoamericanos.
Un alto funcionario señaló que esta estrategia se apoya en un “finding” presidencial, vigente desde los años 80, que ahora se actualiza para ampliar las acciones contra los cárteles. Sin embargo, expertos advierten que esta expansión de poderes genera riesgos legales y diplomáticos, especialmente en América Latina, donde hay muchos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que podrían demandar al gobierno.