Por: Redacción
– El asesinato del director del penal, empresarios ejecutados, cuerpos en hieleras y un ayuntamiento bajo señalamientos de violencia institucional contrastan con la promesa oficial de convertir a Tuxpan en epicentro industrial del país.
La violencia no cede en este municipio del norte de Veracruz. El asesinato de Antonio Huesca Figueroa, director del penal de Tuxpan, el pasado 18 de junio —luego de haber sido presuntamente amenazado por el crimen organizado—, evidenció una escalada delictiva que se arrastra desde hace más de dos años en esta región golpeada por la disputa entre Grupo Sombra, escisión del Cártel del Golfo, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El crimen del subdirector se suma a múltiples ejecuciones en la zona, como la reciente masacre de tres personas dentro de un fraccionamiento de lujo, así como los asesinatos de al menos cuatro empresarios y un comandante ministerial tan solo en lo que va de 2025. En paralelo, Tuxpan es el municipio donde la gobernadora Rocío Nahle busca consolidar uno de sus proyectos insignia: el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI), destinado a atraer inversiones industriales bajo el discurso de progreso y transformación.
“Tuxpan cuenta con condiciones inmejorables”, dijo Nahle el 26 de junio en Palacio Nacional, al firmar el convenio con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, omitió referirse a la violencia que desangra a la ciudad y que tiene a sus habitantes bajo zozobra.
Crímenes sin detenidos y sin respuestas
De acuerdo con registros de la Fiscalía estatal, entre 2024 y 2025 se han documentado más de 20 asesinatos, además de una ola de extorsiones, secuestros y casos de narcomenudeo. Tan solo en 2024 se hallaron 13 cuerpos desmembrados en hieleras junto a las letras turísticas del malecón, y un cadáver fue abandonado frente al palacio municipal.
Entre las víctimas recientes figuran los empresarios Josué Cruz Martínez, Víctor Poisot Bermejo, Nabor Casco Machorro y Rubén Cruz Sagastume, asesinados en hechos distintos. También fue ejecutado Raúl Palma Moguel, segundo comandante de la Policía Ministerial.
Los operativos de seguridad han incluido despliegues de la Guardia Nacional y el Ejército dentro del programa federal “Máxima Presencia”, pero la violencia persiste.
Grupo Sombra: terror, control y propaganda
El grupo criminal Fuerza Especial Grupo Sombra (FEGS) ha sido identificado por autoridades como principal generador de violencia en la zona norte de Veracruz. Enfrentado al CJNG, mantiene una presencia sostenida en municipios como Tuxpan, Poza Rica, Álamo y Cazones. Entre 2017 y 2020 fue documentado entregando despensas y cubrebocas, además de difundir videos de ejecuciones y amenazas.
Pese a múltiples detenciones —al menos 25 personas entre ellas siete policías—, su estructura no ha sido desmantelada. En 2024, tras un ataque armado y la detención de 11 integrantes del CJNG, Tuxpan vivió días de terror con comercios cerrados, suspensión de clases y calles vacías.
Gobierno municipal entre violencia, denuncias y escándalos
En medio de esta crisis, el exalcalde Juan Manuel Pozos Castro (Morena) dejó el cargo en octubre de 2024 para integrarse al gabinete de Rocío Nahle como subsecretario de Gobierno. Su administración ha estado marcada por denuncias de acoso sexual, violencia institucional y opacidad en el manejo financiero.
La síndica Beatriz Piña fue retenida por hombres armados en 2022, presuntamente vinculados al crimen organizado. Desde entonces, vive con escoltas. Por su parte, la exjefa de Contabilidad del ayuntamiento, Martha Patricia Gómez, denunció hostigamiento sexual por parte del tesorero Néstor José Flores Lugo, sin que hasta la fecha se hayan sancionado los hechos.
El hijo del exalcalde, José Manuel Pozos del Ángel, actual titular del Instituto Veracruzano de Vivienda, también fue denunciado en 2022 por abuso y hostigamiento sexual. Aunque inicialmente fue exonerado, una apelación federal en 2023 instruyó al juez reabrir el caso ante posibles deficiencias en el análisis del proceso.
Violencia institucional silenciada
Según documentos públicos, la síndica Piña firmó bajo protesta al menos siete estados financieros entre 2022 y 2023, denunciando pagos sin contrato, modificaciones presupuestales irregulares y falta de autorización de la comisión de hacienda.
Las denuncias por violencia política de género y acoso laboral no solo han sido minimizadas por la administración saliente, sino que muchas han quedado congeladas en fiscalías sin avances tangibles.
¿Desarrollo con impunidad?
Mientras tanto, el gobierno estatal presume la inversión de 233 hectáreas para el parque industrial de Tuxpan. Pero en las calles del puerto —donde hace menos de un año aparecieron cuerpos embolsados frente al Palacio Municipal— la ciudadanía se pregunta si el desarrollo puede florecer en medio del miedo, impunidad y complicidad institucional.
El contraste entre el discurso del “bienestar” y la realidad de fosas, ejecuciones, amenazas y acoso dibuja una radiografía inquietante: Tuxpan es hoy una zona estratégica para el gobierno, pero también para el crimen organizado.
(Con información de Proceso)
