Reforma electoral desata polémica
Por Rebeca Solano
La llamada Cuarta Transformación (4T), que en sus orígenes fue señalada por el uso de sobres amarillos y aportaciones en efectivo para financiar actividades políticas, hoy impulsa una reforma que prohíbe precisamente esos mecanismos de financiamiento para los partidos y candidatos.
La nueva regla, incluida en la más reciente propuesta de reforma electoral promovida por el bloque oficialista, establece la prohibición total de aportaciones en efectivo, así como mayores restricciones a los donativos privados y mecanismos alternos de financiamiento. De aprobarse en sus términos, los partidos solo podrían recibir recursos plenamente bancarizados, trazables y fiscalizables en tiempo real.
¿Qué cambia?
Entre los puntos centrales de la reforma destacan:
- Prohibición expresa de aportaciones en efectivo, sin excepción.
- Endurecimiento de la fiscalización del financiamiento privado.
- Sanciones más severas por rebase de topes de campaña.
- Mayor control del órgano electoral sobre movimientos financieros partidistas.
El argumento oficial es claro: cerrar la puerta al dinero ilícito y fortalecer la transparencia electoral. Según sus promotores, la medida busca evitar esquemas opacos de financiamiento que históricamente han contaminado procesos electorales.
El debate: ¿piso parejo o ventaja estructural?
Sin embargo, la oposición y analistas han señalado una aparente contradicción: el movimiento que llegó al poder denunciando un sistema desigual y que operó con esquemas informales de recaudación ahora impulsa reglas que limitan drásticamente las fuentes de financiamiento de sus adversarios.
El señalamiento no es menor. Mientras el partido en el poder cuenta hoy con acceso a financiamiento público robusto, estructuras territoriales consolidadas y presencia gubernamental, las fuerzas opositoras dependen en mayor medida de aportaciones privadas y estructuras menos institucionalizadas.
Para críticos de la reforma, el riesgo es que la medida se convierta en una forma de asfixia financiera para la oposición, bajo el discurso de la transparencia.
El trasfondo político
El debate ocurre en un contexto de alta polarización y de discusión más amplia sobre la reorganización del sistema electoral. No se trata solo de sobres o efectivo, sino del modelo de competencia política que quedará configurado en los próximos años.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Estamos ante un avance genuino en materia de rendición de cuentas y fiscalización electoral, o frente a una reforma que, bajo la bandera de la transparencia, redefine las reglas del juego cuando ya hay un jugador claramente dominante?
El Congreso tendrá la última palabra. Pero el debate, como suele ocurrir en tiempos de transformación, trasciende lo técnico y entra de lleno en el terreno político.
