Elecciones
Por Cristina Ferreyra
La organización denominada “Ciudadanos Unidos de las 43 Comunidades en Defensa de la Democracia y el Respeto a la Voluntad Ciudadana” emitió un comunicado en el que advirtió que no permitirá presuntas irregularidades durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, en la que se elegirán agentes municipales en nueve localidades.
El grupo manifestó su preocupación por la posible designación de funcionarios de casilla vinculados al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), servidores de la nación, personal del programa federal “Sembrando Vida” y empleados municipales, lo cual —afirman— podría vulnerar la legalidad y transparencia del proceso.
Denuncian antecedentes
De acuerdo con el documento, situaciones similares habrían ocurrido durante las elecciones de subagentes municipales realizadas el pasado 5 de abril, cuando —según señalan— este tipo de personal fue incorporado como funcionario de casilla de manera indebida.
“Esta acción es una violación flagrante de los procesos electorales y pone en riesgo la integridad física de los servidores públicos involucrados. Los pueblos tienen derecho a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres, sin interferencia externa”, indica el comunicado.
Exigen no intervención del alcalde
Asimismo, la organización exigió al presidente municipal, Raúl David Salomón García, abstenerse de intervenir en la jornada electoral, y lo responsabilizó de cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo del proceso o la seguridad de los participantes.
También hicieron un llamado a estudiantes, docentes del ITSA y servidores públicos a no involucrarse en las elecciones, argumentando que su participación podría comprometer su integridad.
Las comunidades mencionadas —entre ellas Dehesa, Corral Nuevo, Quiamolapan, Michapan Paso Real, Ixhuapan, Comején, Esperanza Malota, Congregación Hidalgo, Campo de Águila, Colonia Hidalgo y Santa Rita Laurel— señalaron que cuentan con una tradición de defensa de sus procesos internos.
Finalmente, el grupo denunció presuntas prácticas de compra de votos mediante entrega de despensas o amenazas relacionadas con la cancelación de apoyos sociales, lo que, afirmaron, podría constituir un delito electoral.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos.
