México ante la ONU
Por Rebeca Solano
El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ante la crisis de personas desaparecidas en México.
Se trata de la primera vez que este mecanismo es activado, lo que abre un escenario inédito para el país en el ámbito internacional.
¿Qué implica el artículo 34?
El procedimiento establece que, si el Comité identifica indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter sistemático o generalizado, puede solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, que lleve el tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El objetivo no es imponer sanciones, sino movilizar apoyo internacional, que podría traducirse en:
- Cooperación técnica especializada
- Apoyo financiero
- Asistencia forense
- Investigación de vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado
- Posible creación de una comisión internacional de asesoría o investigación
De acuerdo con Amnistía Internacional México, el llamado del Comité representa una alerta no solo al Estado mexicano, sino a toda la comunidad internacional para cooperar en la atención del problema.
¿México comparecería ante la ONU?
Las actuales sesiones de la Asamblea General iniciaron en septiembre de 2025 y concluyen en septiembre de 2026, por lo que México podría comparecer ante la Asamblea en los próximos meses para explicar la situación.
Especialistas aclaran que no se trata de un juicio ni de sanciones automáticas, sino de un debate internacional que podría derivar en resoluciones o mecanismos de apoyo.
Existen antecedentes similares, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) instaurado en 2021 con apoyo internacional para atender la crisis de personas fallecidas sin identificar.
También se recuerda el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, cuya continuidad fue suspendida por el Estado mexicano.
¿Afecta la soberanía nacional?
Especialistas coinciden en que no se trata de una intervención a la soberanía, ya que México firmó voluntariamente la Convención que contempla el artículo 34.
Sin embargo, rechazar las recomendaciones podría generar presión diplomática y desgaste en la imagen internacional del país.
Respuesta del gobierno mexicano
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, rechazó el informe del Comité, al que calificó como tendencioso y parcial.
Organizaciones como Amnistía Internacional consideran que la postura oficial ha sido defensiva y negativa frente a la posibilidad de apoyo internacional, en un contexto donde México acumula más de 100 mil personas desaparecidas.
Aunque el procedimiento no implica sanciones directas, sí coloca el tema de las desapariciones en el máximo foro político de la ONU, lo que aumentaría la visibilidad y la presión internacional sobre el Estado mexicano.
