Huachicol / Internet
Por Rebeca Solano
El caso del huachicol fiscal tomó un giro relevante en las últimas semanas, luego de que se revelara que alrededor de 20 personas vinculadas al círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador están relacionadas con la red criminal, derivada del aseguramiento de un buque tanque en Altamira que introdujo de contrabando diésel documentado como aceite para evitar el pago de impuestos.
La investigación federal ha determinado que hasta ahora hay 53 marinos presuntamente involucrados, incluyendo varios de alto mando, algunos activos. Entre los implicados están dos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo. Se prevé que unos 45 marinos sean separados de sus cargos o sujetos a órdenes de aprehensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien autorizó la operación para desmantelar la red en marzo, ha mantenido reuniones constantes con los secretarios de Marina y Seguridad para dar seguimiento a las investigaciones, que incluyen información de inteligencia proporcionada por agencias de Estados Unidos.
Se ha revelado que diplomáticos de la administración Trump presionaron para evitar que se investigaran ciertos casos, con el objetivo de impedir una eventual afectación política a la presidencia de López Obrador. Entre los señalados destacan figuras como el senador Adán Augusto López, el exadministrador de Aduanas Horacio Duarte, el director de Pemex Octavio Romero Oropeza, así como el secretario de Economía Marcelo Ebrard y la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro.
También aparecen vinculados familiares de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el exfuncionario Ricardo Peralta, señalado por autoridades estadounidenses de participar en una red de huachicol en Tamaulipas.
El senador López Hernández es hasta ahora el político de Morena de mayor jerarquía señalado, vinculado a presuntos negocios ilícitos de robo de combustible en Chiapas y Tabasco, junto con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso por delincuencia organizada.
El caso subraya que el huachicol fiscal y el robo de combustible son un negocio ilegal que creció durante el gobierno de López Obrador y cuya estructura, según la investigación, está vinculada a figuras relevantes del obradorismo.
