Megaproyecto energético “Puerta al Sureste” / Internet
Por: Redacción
Comunidades indígenas nahuas, popolucas y afrodescendientes del sur de Veracruz interpusieron un amparo colectivo en oposición al megaproyecto energético “Puerta al Sureste”, que contempla la instalación de un gasoducto de 715 kilómetros desde el sur de Texas hasta la región del sureste mexicano.
La acción legal fue respaldada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que denunció una falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, así como omisión de información ambiental crítica por parte de las autoridades y de la empresa desarrolladora, TC Energy.
El trazo del gasoducto —según los opositores— atraviesa ecosistemas altamente sensibles, incluyendo arrecifes milenarios, manglares, cuerpos de agua y zonas pesqueras localizadas en la Sierra de Santa Marta y la costa de Los Tuxtlas, territorio habitado ancestralmente por pueblos nahuas, nuntajiiyi’ y comunidades afromestizas.
“No fuimos consultados. No sabemos qué sustancias van a transportar ni qué daños puede haber en caso de un accidente. Queremos que se respete nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios”, expresó uno de los representantes de la comunidad, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
El CEMDA difundió un video en redes sociales para alertar sobre el posible impacto ecológico del proyecto, que forma parte de un plan nacional de expansión energética que incluye más de 4 mil 600 kilómetros de nuevas tuberías y al menos 19 termoeléctricas en distintas fases de planeación o construcción.
Organizaciones civiles y pescadores locales también han manifestado su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos de contaminación marina, pérdida de biodiversidad y afectaciones económicas para quienes viven de la pesca artesanal.
Riesgos ambientales y cuestionamientos al modelo energético
Abogados del CEMDA advirtieron que este tipo de proyectos consolidan una dependencia creciente del país hacia los combustibles fósiles, en contradicción con los compromisos climáticos internacionales asumidos por México, como el Acuerdo de París.
Por su parte, la empresa TC Energy asegura que el gasoducto representa una inversión estratégica para el desarrollo del país y afirma que generará al menos 2 mil empleos directos, así como beneficios en infraestructura energética para los estados del sur y sureste.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre la acción legal ni sobre el cumplimiento de los mecanismos de consulta indígena establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Medio Ambiente.
Los pobladores afirman que mantendrán la resistencia legal y social en defensa de su territorio y su derecho a un ambiente sano. “No nos oponemos al desarrollo, pero no puede hacerse a costa de nuestras vidas, nuestros ríos y nuestra cultura”, sentenció un integrante de la comunidad nuntajiiyi’.
(Con información de Al Calor Politico)
