La SCJN avaló el congelamiento de cuentas sin orden judicial previa
Por Rebeca Solano
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad un criterio que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) congelar cuentas bancarias con base en sospechas de evasión fiscal o enriquecimiento ilícito, sin necesidad de orden judicial previa.
La resolución ha generado críticas en distintos sectores, al considerar que la medida podría abrir la puerta a afectaciones patrimoniales inmediatas sin que exista una imputación penal formal, dejando a los ciudadanos la posibilidad de defenderse posteriormente por la vía legal correspondiente.
Críticas por posible uso discrecional
Analistas y voces opositoras advierten que el nuevo criterio podría convertirse en una herramienta de presión política si no se aplican controles estrictos y criterios objetivos. Señalan que el riesgo radica en que la figura de “sospecha” sea utilizada de manera discrecional, particularmente en contextos de confrontación política.
En ese sentido, se ha planteado que, si la medida busca combatir la corrupción y la evasión fiscal, su aplicación debería comenzar por investigar a funcionarios y exfuncionarios señalados públicamente por presunto enriquecimiento o vínculos con irregularidades financieras.
Entre los nombres mencionados en el debate público figuran Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Audomaro Martínez, Adán Augusto López, Mario Delgado, Manuel Bartlett e Ignacio Ovalle, así como otros exservidores públicos relacionados con casos como Segalmex, presunto huachicol fiscal y contratos en obras federales.
Debate sobre garantías y Estado de Derecho
La discusión no se centra en la facultad del Estado para combatir delitos financieros —atribución reconocida en distintos sistemas jurídicos— sino en los límites, controles y garantías procesales que deben acompañar medidas de esta magnitud.
Especialistas en derecho constitucional advierten que el congelamiento de cuentas representa una afectación directa al derecho de propiedad, por lo que debe garantizarse un control judicial efectivo y mecanismos de defensa proporcionales.
Mientras el gobierno federal sostiene que la medida fortalece el combate a la evasión fiscal y a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, críticos la califican como una posible “legislación de sospecha” que, de no aplicarse con imparcialidad, podría generar incertidumbre jurídica.
El debate permanece abierto en el ámbito político y jurídico, en torno a una pregunta central: ¿cómo equilibrar el combate a la corrupción con la protección de las libertades y garantías constitucionales?
