Mega-apagón / Video
Por Rebeca Solano
La advertencia sobre posibles mega-apagones en la Península de Yucatán se cumplió, desmintiendo de facto la versión oficial ofrecida hace apenas una semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las fallas eran por “mantenimiento”. Lo ocurrido revela un problema mucho más profundo: una red de corrupción y negligencia en el interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que amenaza con extender la crisis a nivel nacional.
El epicentro del problema está en el Cártel del Huachi-Diésel, una red de intereses empresariales y políticos que han aprovechado el retraso en la construcción de nuevas plantas de generación para colocar contratos millonarios bajo la figura de emergencia. Uno de los casos más escandalosos es el de la empresa Mejicali Turbine, creada en 2023, que aún no entrega las turbinas contratadas para evitar apagones, a pesar de contar con un contrato por 300 millones de dólares.
La emergencia energética: sin gas, sin diésel y sin soluciones
El colapso eléctrico se relaciona directamente con los retrasos en la central de ciclo combinado Mérida IV, cuya operación fue diferida hasta marzo de 2026 por falta de gas natural y problemas técnicos derivados del uso de gas asociado de baja calidad, con bajo contenido de metano y alto en nitrógeno. En su lugar, se habilitó una solución temporal con turbinas alimentadas por diésel contaminante, conocido como huachi-diésel.
El resultado ha sido una caída de hasta 191 megawatts en la capacidad de generación esperada, provocando déficits energéticos que afectan el suministro en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La situación se replica en las plantas de Campeche y la Riviera Maya, también operando con diésel, con serios retrasos constructivos y sin gas suficiente.
Contratos a modo y pruebas en la oscuridad
Las pruebas de las turbinas, según fuentes internas, se realizan en secreto durante la noche, desviando gas de otras centrales como la de Valladolid, debido a que el sistema actual solo permite transportar 90 millones de pies cúbicos diarios, la mitad de lo que demandan las nuevas instalaciones.
La única solución estructural sería la finalización del gasoducto Cuxtal II, cuya operación se prevé hasta mediados de 2027, siempre y cuando no enfrente nuevos retrasos o trabas regulatorias de la SEMARNAT y el INAH.
Un problema nacional en expansión
Mientras tanto, la CFE y la presidencia han iniciado una campaña para pedir a las empresas, comercios y hogares que reduzcan el consumo de energía entre las 7 y las 10 de la noche, como única medida para evitar apagones generalizados. No hay un Plan B visible, más allá de seguir improvisando con infraestructura obsoleta y contratos de emergencia que enriquecen a pocos mientras el país se queda a oscuras.
Este nuevo episodio pone en evidencia que la administración federal está siendo engañada o deliberadamente desinformada sobre la magnitud del problema. “Ya no le mientan a la presidenta”, claman voces críticas que exigen una revisión a fondo de los contratos otorgados, la gestión de la CFE y el modelo energético heredado del sexenio anterior, encabezado por Manuel Bartlett.
La crisis energética de la península no es una excepción: es el primer gran corto circuito del sexenio. Y apenas comienza.
