Gobernadora Layda Sansores San Romá / Código Magenta
Por Rebeca Solano
- Organizaciones alertan por censura
En un hecho sin precedentes en el país, la jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, actuando como interina en Campeche, prohibió al periodista Jorge González Valdez referirse en cualquier forma a la gobernadora Layda Sansores San Román y ordenó que toda publicación relacionada con la mandataria sea revisada previamente por un censor judicial designado.
La medida también abarca a la plataforma digital Tribuna, medio al que González colabora, e implica una “intervención judicial de la plataforma” que obliga a que cada contenido pase por la aprobación previa de un interventor del Tribunal Superior de Justicia de Campeche antes de su publicación.
De censura a vigilancia judicial directa
Estas nuevas disposiciones sustituyen a las medidas iniciales dictadas contra el periodista el pasado junio, que incluían la prohibición de ejercer el periodismo por dos años y la clausura de Tribuna. Tales medidas fueron suspendidas por el Tribunal Colegiado del 31° Circuito el 9 de julio, al calificarlas como “excesivas y desproporcionadas”.
Ahora, las restricciones impuestas son igualmente severas:
- Jorge González Valdez no podrá declarar, opinar ni publicar imágenes relacionadas con Sansores.
- Deberá estar acompañado de un censor oficial en toda aparición pública o mediática.
- Toda publicación de Tribuna relacionada con la gobernadora requiere revisión y aprobación judicial previa.
El origen: una denuncia por “odio” y demanda millonaria
El proceso penal se originó tras una denuncia interpuesta por Layda Sansores, quien acusa al periodista de incurrir en un supuesto delito de odio y violencia de género. En paralelo, su vocero estatal, Walther David Patrón Bacab, mantiene una demanda civil en contra de González Valdez por daño moral, exigiendo el pago de dos millones de pesos, con la amenaza de embargar su vivienda si no cumple.
González Valdez, periodista jubilado desde 2017 y conductor de un programa en Telemar, niega haber escrito las columnas anónimas que se le atribuyen y rechaza las acusaciones de violencia.
“Estas medidas son excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales; nunca se había visto un ataque tan directo contra la libertad de expresión”, declaró.
Un precedente peligroso para el periodismo en México
El caso ha encendido alarmas entre organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que lo consideran un grave precedente de censura institucionalizada. La figura del “interventor judicial de contenido” no tiene sustento en el marco legal mexicano, y expertos afirman que viola lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales sobre libertad de expresión.
La situación no es aislada: en entidades como Puebla, Sonora, Tamaulipas y Campeche, se han documentado en los últimos meses casos de hostigamiento judicial a medios críticos, lo que refuerza preocupaciones sobre la judicialización del periodismo incómodo al poder.
Reacciones divididas
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Sansores, señalando que la demanda “persigue el reconocimiento de agresiones de género, no la censura de la prensa”.
Por su parte, Sansores declaró:
“No se trata de censura, sino de proteger mi dignidad frente a comentarios que constituyen violencia de género”.
Sin embargo, analistas y defensores de derechos humanos advierten que usar los tribunales locales para imponer censura previa y vigilancia judicial de contenidos puede abrir la puerta a abusos graves y una regresión democrática.
