Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo (TJAAQROO) / Internet
Por Rebeca Solano
El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo (TJAAQROO) se hizo presente en un hecho trascendental para el fortalecimiento de la justicia en el país: la instalación del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia de Justicia Administrativa.
La Magistrada Presidenta Minerva Maribel Moreno Cruz, acompañada por la maestra Elsa Noemí Heredia Martínez, titular de la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del tribunal, asistió al acto solemne donde se reafirmó el compromiso institucional con un modelo de justicia más accesible, empática y eficaz.
“Estos mecanismos son la clave para una justicia más rápida, humana y eficaz. Con ellos, construimos puentes de diálogo, aplicamos la empatía y trabajamos por soluciones que perduren, beneficiando a todas y todos”, expresó la Magistrada Presidenta durante su intervención.
El evento fue encabezado por el Magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y contó con la presencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien, en calidad de invitada de honor, subrayó que la creación del Consejo es reflejo del compromiso del Estado mexicano con una justicia administrativa más cercana, moderna y humana.
También participaron destacadas autoridades del ámbito jurisdiccional, como la Magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa.
Durante la sesión de instalación, los integrantes del Consejo eligieron por unanimidad como su presidente al Mtro. Fernando Valerio Gutiérrez, consolidando así un espacio de coordinación interinstitucional que permitirá fortalecer la implementación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia administrativa a nivel nacional.
El TJAAQROO refrenda con esta participación su compromiso con una justicia innovadora, eficiente y al servicio de la ciudadanía, al tiempo que se suma a los esfuerzos nacionales por ampliar el acceso a soluciones más pacíficas y efectivas en la resolución de conflictos entre los particulares y el Estado.
